Perfiles

A los 17 años, Richard Pavón Bermúdez, tenía claras sus próximas metas. Iba a terminar el bachillerato en diciembre de 2018 y este año estudiaría inglés porque quería trabajar en un ‘call center’. Se lo dijo a su papá, Carlos Pavón, en varias ocasiones y se estaba esforzando en la secundaria, pero la vida no le alcanzó para cumplir sus metas. Al final de la tarde del 19 de abril de 2018, cayó herido de cuatro balazos frente al portón de la Alcaldía de Tipitapa. Sus amigos a cómo pudieron lo llevaron al hospital, pero su cuerpo no resistió.

La última vez que su papá lo miró con vida fue en la mañana de ese jueves, cuando se despidió de él antes de irse a trabajar. Lo vio acostado junto a sus otras dos hijas y le dijo: “Buscá tu cama”, y se fue confiando que, al regresar, lo vería antes de que Richard se fuera, como cada noche, a las prácticas de la comparsa en la cual tocaba un tambor. Pero ya no volvió a verlo vivo.

Cerca de las nueve de la noche, él y su esposa entraron desesperados al Hospital Yolanda Mayorga, de Tipitapa, buscando a Richard. Lo encontraron muerto sobre una camilla, casi fuera del hospital.

“Prácticamente lo tenían tirado como un animal. No estaba ni en una sala ni nada. Estaba en un pasillo, sin techo, sin nada. Fue muy duro ese dolor”, dice su papá al recordar aquel momento.

Los primeros de cientos

Richard Pavón es uno de los primeros de los 325 asesinados durante las protestas cívicas contra la dictadura de Daniel Ortega, que estallaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018, según datos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA.

A un año de su muerte, su caso está engavetado por el sistema judicial de Nicaragua, al igual que el caso de Darwin Urbina, asesinado de un balazo en el cuello que le destruyó la tráquea, la misma noche que Richard, pero cerca de la Universidad Politécnica (Upoli), en Managua.

Su familia denunció que ese día, Darwin regresaba a su casa después de trabajar en un supermercado, pero quedó acorralado en el sector de la universidad, justo cuando la Policía reprimía a los estudiantes que protestaban. Sin embargo, después supieron que él se unió a la protesta desde el mediodía.

“Él no era partidario de nadie. Siempre me decía: ‘Si yo no trabajo, no como’. Así pensaba él, pero no sé qué se le dio (por) ir a ese lugar. Tal vez hubo muchachos que le dijeron: ‘Hacenos la campaña’, porque a él lo conocían allí. Tal vez por eso se quedó”, dice aún desconsolada, su mamá, Darling Urbina.

Cerca de la misma zona que Darwin, también falleció esa noche el suboficial de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE), Hilton Manzanares, alcanzado por dos balas que le atravesaron el tórax y la cabeza. Fue el primero de los 22 policías que se cuentan entre la lista de asesinados, y a diferencia de Richard y Darwin, su nombre ha sido ensalzado por las autoridades nicaragüenses y los medios oficiales.

Mientras las causas por los asesinatos de Richard y Darwin continúan engavetadas, el presunto asesino de Hilton fue procesado y condenado a noventa años de cárcel, aunque las pruebas en su contra no son claras.

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También la Policía le rindió un homenaje póstumo con un desfile, le otorgó el grado de capitán e inauguró una lotificación y una estación policial a las que le dieron su nombre.

“Lo que nuestro Gobierno hace, nunca lo va hacer malo, pero ellos (los autoconvocados) buscan en qué agarrarse para destruir a nuestro país”, dijo su mamá, Luz Marina Montoya, a medios oficialistas.

Un año sin justicia

Iván Laguna, papá de crianza de Darwin Urbina, perdió la fe en la justicia nicaragüense, desde el día que encontró a su hijo fallecido en el Hospital Alemán, y un oficial de la Policía, vestido de médico, intentó que la mamá de Darwin firmara unos documentos que responsabilizaban por su muerte a los estudiantes que protestaban en la Upoli. Pero ellos se opusieron y señalaron directamente de la muerte a los antimotines.

Desde entonces el caso no ha prosperado. Lo último que supieron fue que la Policía quiso implicar a unas personas que estuvieron protestando en la Upoli, pero ellos se negaron a continuar el caso, y no volvieron a los juzgados.

“¿A quién voy acusar si es el mismo Gobierno el que mandó a matar a toda esa gente? Fue el Gobierno quien ha asesinado a muchos muchachos. Más bien es uno quien se tiene que cuidar las espaldas, porque le pueden hacer algo. Es difícil, no creás. La justicia la espero, pero de Dios. El señor va a ser justicia, porque las lágrimas que estoy derramando por mi hijo son todos los días y estas lágrimas les han de servir de sal a quien me lo mató”, dice Darling Urbina.

Asedio y persecución

La familia de Darwin ha sufrido acoso desde su asesinato. Ni siquiera tuvieron una vela tranquila, porque la Policía les lanzó bombas lacrimógenas.

Un año después, su hermana Grettel Urbina debe vivir con sigilo para proteger su vida. La han detenido brevemente en varias ocasiones, y la familia es asediada por policías y militantes sandinistas.

También su hermana menor, que estudiaba en la Upoli, abandonó su carrera porque su familia teme que atenten en su contra.
“Yo me siento amenazada porque, por ejemplo, esta camisa (de colores azul y blanco, con la foto de Darwin) no me la puedo poner para salir a la calle, porque me pueden echar presa o me pueden desaparecer. Y yo ando con esta camisa porque él que está aquí es mi hijo, no por otra cosa”, dice su mamá.

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La familia de Richard Pavón también conoce ese asedio. Desde que ellos desligaron a su hijo de la Juventud Sandinista ―porque al principio el Gobierno afirmó que era militante― y comenzaron a denunciar su muerte ante organismos de Derechos Humanos fueron “mal vistos” por los simpatizantes orteguistas de su sector.

“Al inicio no recibimos asedio, porque se había dicho que él era Juventud Sandinista, pero cuando nosotros fuimos a poner la denuncia a CPDH ya la gente comenzó a decirnos que cuidado íbamos a hablar mal. Comenzaron a mirarnos mal, porque aquí la mayoría del barrio es sandinista y nos dicen que caminamos vigilados. Que, si vamos a la marcha, tengamos cuidado”, denuncia Maricruz Bermúdez, mamá de Richard.
Los primeros meses después de la muerte de Richard, su familia durmió junta en una sola habitación, y con la luz encendida. También instalaron un portón, porque cada medianoche merodeaban camionetas con oficiales o civiles.

Protección e impunidad

Los padres de Richard Pavón sospechan que quien le disparó a su hijo fue uno de los guardas de seguridad de la alcaldía, y que la Policía lo sabe. Sin embargo, su caso sigue impune. Durante meses, han preguntado a la Policía y siempre les responden: “Nosotros los vamos a llamar”.

A un año del asesinato de su hijo, ellos ya perdieron la esperanza de que el culpable sea castigado mientras el régimen de Ortega siga en el poder.

Maricruz aún recuerda con dolor que, pocos días después del asesinato de su hijo, fue a la estación de Policía a preguntar por su caso y le dijeron: “No somos CSI: Las Vegas, para averiguar tan rápido quién fue”.

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“Desde ese día, yo le dije a mi esposo que fuéramos a poner la denuncia a CPDH, porque ningún poder del Estado está en capacidad de darnos justicia. Todos están vendidos, cegados. No sé cuál será la idea de ellos, pero yo creo en Dios y sé que él hará justicia”, dice consternada.

Carlos Pavón confiesa que llora en silencio la ausencia de su hijo. “Solo uno sabe lo que siente”, dice casi en susurros.

Hace unos días, Carlos pasó a bordo de una ruta por la rotonda de La Virgen, en Managua, y recordó los años que vivió en la capital, antes de trasladarse a Tipitapa. Por un momento, se acordó cuando cada fin de semana iba con sus hijos a pasar el tiempo en la rotonda, donde la gente improvisó un parque a falta de espacios públicos. Por ese breve espacio, Carlos asegura que se sintió feliz, y le fue imposible no llorar al recordar el rostro de Richard mientras jugaba con sus hermanas. Se sintió de nuevo junto a él y olvidó la camilla del hospital, las balas, la sangre. Olvidó que se lo mataron aquel 19 de abril.