Estilo
Solo tres países centroamericanos permiten el aborto terapéutico, sin embargo, para acceder a él hay que batallar. Los demás países imponen mano dura contra quien lo hace.
Evelyn Hernández, de 21 años, estuvo presa en El Salvador durante 33 meses porque, en 2017, fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio. Meses antes había sido violada por un pandillero y producto de eso quedó embarazada. Sin embargo, lo supo hasta que despertó en el hospital tras parir en el baño de su casa y le informaron que estaba siendo investigada por aborto.
Nunca supo que esperaba un hijo. Un día tuvo un fuerte dolor en el estómago, fue a defecar, pujó hasta que se desmayó del dolor. El bebé nació muerto. Horas después, el médico que la atendió la denunció ante las autoridades que la condenaron. En febrero de este año fue liberada por “falta de elementos que la hicieran responsable de la muerte”, pero en julio la Fiscalía inició otra investigación en su contra. Su caso es emblemático porque, en agosto de 2019, después de un segundo juicio, fue absuelta.
De Centroamérica, El Salvador es el país que más saña muestra contra las mujeres que tienen abortos. Según las leyes, la pena por abortar es de dos a ocho años, sin embargo, las mujeres que tienen partos fuera del hospital y sus hijos mueren, son acusadas de homicidio agravado, un delito penado entre 30 a 50 años.
Sin embargo, esta realidad no es exclusiva de este país centroamericano. En Nicaragua y Honduras también es completamente ilegal. Mientras que en Guatemala, Costa Rica y Panamá está permitido solo en casos que la vida de las mujeres, según los médicos, esté en peligro. Sin embargo, muchos doctores se niegan a realizarlo por opiniones morales.
Un equipo de periodistas y feministas de América Latina y El Caribe se unieron para realizar una investigación en la que evidenciaron cómo es abortar en esta región. En Niú analizamos el caso de Centroamérica y esto encontramos.
Aborto sí, pero no
En Guatemala el único aborto permitido es el terapéutico. No obstante, para que este se practique al menos dos médicos deben asegurar que la mujer está en peligro de muerte.
“Sin embargo, personas que trabajan en organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y especialistas médicos aseguran que la mayoría de ginecólogos se niegan a practicar los abortos debido a sus creencias personales”, dice la investigación.
Según las leyes de ese país, el aborto es un delito penado con cárcel para las mujeres y para quienes les ayuden a interrumpir su embarazo. Las condenas van de uno a 12 años.
A pesar de eso, el aborto sigue practicándose de forma insegura y clandestina. Provocándole a las mujeres, niñas y adolescentes hemorragias e infecciones que las orillan a la muerte. De esto no hay cifras oficiales. Pues, muchas de estas defunciones son registradas con otros diagnósticos, creando un sub registro que impide ver la magnitud de este problema de salud pública.
El panorama aún se pone más turbio, pues en el Congreso de la República aguarda una iniciativa de ley que busca incrementar las penas a 30 años, además de criminalizar los abortos espontáneos o accidentales de culposos con pena de cárcel de hasta cuatro años.
Lo mismo ocurre en Panamá. Allí el aborto es permitido en dos casos: el primero es cuando la mujer está en peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación. Fuera de ese contexto, las mujeres que interrumpan la gestación serán condenadas entre uno a tres años de cárcel y quien lo provoqué será privado de libertad entre tres a seis años. Pero si la mujer muere durante a causa del aborto la sanción aumenta a cinco o diez años.
El problema se agudiza porque a pesar de la rudeza de las leyes en Panamá, según esta investigación realizada por la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe y coordinado por Anfibia y LATFEM, la despenalización del aborto no está en la agenda pública y tampoco alguna iniciativa sobre educación sexual y reproductiva.
En Costa Rica la perspectiva es igual. Desde 1970 está permitido el aborto terapéutico, pero ante una falta de normativa en la que se detalle cuáles son las condiciones en las que se debe interrumpir el embarazo, los médicos no lo realizan.
En 2013, dos mujeres costarricenses demandaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado tico porque, ante la falta de normativas, las obligaron a seguir con sus embarazos, a pesar que su salud corría peligro de muerte y que sabían que los bebés morirían después de nacer. Por este caso, el Estado fue obligado a crear la normativa, sin embargo, fue hasta el 12 de diciembre de 2019, que se aprobó.
Según un artículo del diario La Nación, en los últimos 20 años en el sistema de salud pública se realizaron 78 abortos terapéuticos. Pero, esto no significa que no se realicen más abortos.
“La Asociación Demográfica Costarricense (ADC) reveló que, entre 2007 y 2008, se practicaron 27 000 abortos inducidos por año. Es decir, que en Costa Rica ocurre en promedio un aborto cada tres nacidos vivos. (…) Por su parte, los datos del Área de Estadística en Salud (CCSS), indican que, entre 1997 y el 2017, 97 984 mujeres llegaron a hospitales con complicaciones a raíz de abortos incompletos; es decir, 4899 por año. Si la proyección de la ADC se cumpliera hoy, significaría que hay más de 24 000 personas gestantes que abortan por año”, cita la investigación.
Cuando abortar es un delito
En Nicaragua el aborto estuvo parcialmente despenalizado durante 169 años. Sin embargo, desde el 2007 a la fecha, a las mujeres que interrumpan sus embarazos, se les condena con hasta dos años de cárcel. Y la pena es mayor para los médicos que lo practiquen; ellos son condenados con hasta 10 años de prisión e inhabilitados para ejercer su profesión.
La ley además incluye dos delitos en perjuicio del ser que está por nacer, uno por lesiones físicas y otro por lesiones psíquicas, por esto los médicos que practiquen un aborto serán condenados hasta cinco años y serán inhabilitados hasta por ocho años.
Con esta ley provida a quienes se condena es a las mujeres. Cruz Selena Centeno, de 20 años, es una de las víctimas. Ella murió en el 2017 tras cargar en su vientre, por más de 24 horas, a su hijo muerto porque los médicos se negaron a practicarle un aborto terapéutico. En esas fechas, 2016 y 2017, el Ministerio de Salud reportó la muerte de nueve mujeres por embarazos terminados en aborto.
El primer caso de criminalización de una mujer por practicarse un aborto ocurrió el 12 de agosto de 2009. Sin embargo, en el Anuario Estadístico de la Policía se contabilizan desde 2007 a 2018, 131 denuncias por aborto. Mientras que el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (CENIDH) afirma que desde el 2003 al primer semestre del 2016 se realizaron 5884 abortos terapéuticos.
En Honduras las penas contra las mujeres se elevan hasta diez años. A pesar de eso, según organismos de derechos humanos cada año se realizan entre 50 mil y 80 mil abortos. Sin embargo, en los últimos tres años ninguna mujer ha sido condenada por este delito, pero siete fueron acusadas y dos detenidas.
- Te puede interesar: Las otras víctimas de un femicidio
“En 2017, 820 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en Honduras, según datos de la Secretaría de Salud. La enorme mayoría de esos embarazos fueron resultado de violaciones. La anticoncepción de emergencia está prohibida”, cita la investigación.
En cambio, en El Salvador la penalización es mucho más frecuente. Las mujeres que lo practican se enfrentan a condenas mínimas de seis meses y máximas de 12 años. Al igual que los médicos. Sin embargo, el delito de aborto es tipificado solo hasta la semana 20 de la gestión, después se habla de homicidio agravado.
En la actualidad hay dos mujeres condenadas por abortar y 16 presas, con penas de hasta 40 años, que aseguran haber tenido un parto extrahospitalario. Muchos de esos embarazos son provocados como el del caso de Evelyn Hernández, que fue producto de una violación.
“Un dato importante dentro de las muertes maternas es que el suicido es la principal causa entre las defunciones de adolescentes embarazadas. Para quitarse la vida, la mayoría ingiere veneno tipo pesticidas y para ratas”, concluye la investigación.
Ante ese panorama los movimientos feministas se han encargado de exigir la despenalización del aborto y de mantener en la agenda pública el tema. Asimismo, han acompañado a las mujeres que se les han negado este derecho.
