Parte del problema de analizar la situación de Nicaragua y pensar en posibles soluciones es la diferencia radical que hay entre el FSLN y otros grupos que encabezan regímenes despóticos.
Generalmente, ocurre que organizaciones políticas autoritarias cometen crímenes en defensa de su poder; para ellas el crimen es accesorio, es herramienta de la lucha política. El caso del FSLN es cualitativamente distinto, invierte las relaciones: el crimen es su propósito fundamental, el poder político, un accesorio e instrumento.
No es a manera de insulto o diatriba, sino como un intento de buscar la verdad y de alentar el diseño de soluciones realistas, que sugiero esta interpretación: hubo un FSLN heroico y motivado por metas políticas y sueños de reforma social, pero este murió hace décadas.
Y aunque la mutación empezó mucho antes, con toda certeza a partir de 1990 es evidente: el FSLN de hoy no es el FSLN con el cual se pactó el fin de la guerra civil de los ochenta. Es un error craso confundir a los dos. El FSLN de hoy, el que realmente existe, es una organización (1) cuyas metas son criminales (2) organizada al estilo de una pandilla criminal, padrino incluido, que (3) emplea métodos criminales con una pasión sádica en reflejo de la psicopatía de sus líderes, a quienes los miembros de la pandilla necesitan complacer; para el FSLN (5) el poder político es, ante todo y sobre todas las cosas, método de extorsión y escudo de impunidad.
Si esto es así—como al menos yo creo–no puede hablarse de estrategia política, ni de democratización, ni de ‘justicia transicional’, mucho menos de arreglos políticos o ‘acuerdos’, sin tomarse en cuenta todo esto.
Por supuesto, la dimensión política, en el sentido esencial de “asunto de poder” está presente, como lo está también en el medio de una negociación de carteles criminales, o de la lucha de poder en una pandilla. Pero para los ciudadanos no existen los remedios que ‘resuelven’ conflictos en una mafia: lucha a través de asesinatos o distribución de zonas, o de ‘mercados’ entre las pandillas. Para que la nación sobreviva, no puede entregarse Medellín a Pablo Emilio Escobar y Cali a los hermanos Rodríguez Orejuela a cambio de la paz de Bogotá. Y a eso nos enfrentamos: a un grupo criminal que se ha enquistado en el poder político nacional y ha convertido las instituciones del poder del Estado en herramientas de su empresa.
En esa mutación las instituciones públicas, como tales, han cesado de existir, y con ellas deja de tener sentido todo aquello que se asienta sobre su legitimidad, cuando esta existe, como el apego al orden constitucional. Y deja de tener sentido pensar en reconciliación y convivencia con el FSLN, como no tendría sentido para el gobierno de Estados Unidos pensar en reconciliación y convivencia con la cosa nostra, como no tuvo sentido para el Gobierno de Colombia buscar acomodo con Escobar—ya se sabe cómo acabó la historia. Porque al final, cuando una sociedad sucumbe ante la extorsión del crimen, el crimen termina adueñándose de la sociedad. Los nicaragüenses en su mayoría buscan cómo evitar que esto ocurra, en lucha aparentemente desigual si se anota el encuentro en términos de voluntad destructiva, de la cual el FSLN hace gala, pero en la cual la ciudadanía posee una desproporcionada superioridad moral y política. La tiene por el impulso de la vida, que tiende a la bondad, frente a la psicopatía del adversario. Pero también la tiene porque las metas ciudadanas son políticas, mientras que el objetivo del contrario es criminal.
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Con toda seguridad habrá quienes, si se molestan en leer esta opinión, dirán que es cierto, que la dictadura es criminal, pero todas las demás lo han sido –todo tirano necesita matar para sobrevivir—y que por tanto, como en otros casos, es posible la solución ‘negociada’ en la cual ambas partes ceden y se encuentra un camino a la convivencia. Dirán que en ese camino, poco a poco, ‘después’, construiremos la justicia, ‘entre todos’, cuando ‘todos’ incluiría—porque así es de testaruda la lógica de la realidad—a los propios efeselenistas.
A mí me da miedo pensar en la caja de Pandora que de este modo se abre. Trato, precisamente, de argüir que la dictadura Ortega-Murillo no es como las demás. Y si como las demás la tratamos, si cerramos los ojos ante la brutal diferencia, podemos estar condenándonos nosotros mismos y a nuestro país al destino de un ciego que se va en el abismo por no verlo.
Tampoco es el mío un llamado a la lucha armada, ni a que nadie lleve o traiga mensajes a los Ortega-Murillo. Mi insistencia es en que debemos abandonar la ilusión de que el ‘empate’ es posible con ellos, de que la convivencia es posible con ellos, de que la democracia es posible mientras ellos y su pandilla tengan poder en la política nicaragüense, ya sea desde El Carmen, o en el tristemente célebre “gobernar desde abajo”. No es que vaya a ser fácil, ni indoloro, pero el clan criminal que ha usurpado el Estado debe ser sometido a la justicia. Y no porque seamos idealistas, ni puristas, ni intolerantes, ni ilusos, sino porque de ello depende de que exista al menos la posibilidad de fundar una república democrática después de doscientos años de fracaso. La alternativa puede ser verdaderamente macabra: entregar el país a un sicariato que podría durar décadas. El espectro de un Estado-Mafia, peor aún que el Estado-Hacienda del que ansiosamente queremos escapar, se sienta también en las negociaciones.
Lo menos que podemos hacer es estar alerta, y alertar también al mundo. Todo el valioso esfuerzo que hacen nuestros conciudadanos en los foros internacionales para gestionar el apoyo de los países democráticos necesita informar acerca de la naturaleza intrínsecamente—no incidentalmente—criminal del FSLN. Y entre nosotros, el objetivo de la lucha debe reflejar nuestra conciencia de este hecho: el propósito no puede ser compartir el poder con el FSLN, en la esperanza de que estaremos en mayoría y ‘controlaremos’ la situación. A mí me parece que, para desgracia nuestra y de nuestro país, ya ese escenario no es realista. No es nada pragmático, ignora los hechos.
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Pero eso es lo que este ciudadano piensa, tras mucho reflexionar sobre el asunto; y por supuesto, este ciudadano, que apenas cumple con el deber de ocuparse de temas dolorosos de la familia, y de expresar con honestidad sus conclusiones, podría estar equivocado.
¿Usted cree que lo está?