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La digitalización es hoy día el mayor transformador de la sociedad, y sin duda el principal motor de crecimiento de las empresas, impulsando nuevos modelos de negocio: algunos disruptivos, otros de mejoras en competitividad, que aumentan el empleo, e incluso algunos que facilitan atender la responsabilidad con el medio ambiente de formas mucho más efectivas.

Los principales desafíos que se encuentran hoy día para avanzar más aceleradamente hacia estos nuevos modelos están en torno a la seguridad de las plataformas, y a la confianza de los usuarios en el uso de sus datos para fines comerciales. De acuerdo a la encuesta CIGI-IPSOS 2017, un 64 por ciento de los latinoamericanos está más preocupado que el año previo por su privacidad en línea, siendo la región con mayor porcentaje a nivel global. Entre estos, sus principales inquietudes están la cibercriminalidad -82 por ciento-, las compañías de internet -74 por ciento-, y los gobiernos -65 por ciento-.

Un 84 por ciento declara estar preocupado por la posibilidad que sus datos personales sean obtenidos por empresas -a veces con nuestro consentimiento-, para usarlos con fines comerciales o fraudulentos. La navegación por Internet es cada día menos anónima debido a aplicaciones que capturan nuestros datos personales, fotografías, ubicación, mensajes de redes sociales e incluso metadatos de nuestros sistemas, sin que sepamos el fin último que se dará a esta información.

Nuestros datos personales están en manos de empresas del ecosistema digital que a cambio de un servicio aparentemente “gratis”, hacen uso incierto de dicha información personal. “Si el Servicio es Gratis, Tú eres el Producto”, mencionaba ya la revista Forbes en 2012, lo cual expresa que usted no solo está siendo observado, sino también está siendo vendido. Igual de preocupante es que los proveedores de estos servicios como los de mensajería de texto, voz o video, no se encuentran sujetos a las mismas reglas que un operador de telecomunicaciones, a pesar de ser servicios sustitutos. Cambiarlo es lo que se conoce como Level Playing Field, iniciativa que pretende que los mismos servicios tengan las mismas regulaciones.

La ausencia de un marco regulatorio adecuado que proteja la privacidad de los datos y la información personal en internet, está dañando la confianza de los usuarios y se convierte por tanto en un freno al desarrollo. Los desafíos en este aspecto no son menores tampoco, ya que implican existencia de regulaciones nacionales diferentes en los países, el carácter global o transfronterizo en el cual se prestan la mayoría de los servicios de internet, y las preocupaciones de los países individuales que no reciben respuestas de las grandes empresas de Internet.

No obstante, hay avances que resaltar en países como Argentina, Chile, Costa Rica y Nicaragua, que ya cuentan con leyes en privacidad y protección de datos personales. En el caso de Guatemala, ya al menos se reconoce como garantía constitucional el Habeas Data, que consiste en el derecho del ciudadano a conocer, modificar o eliminar sus datos personales.

Los individuos tienen el derecho a estar mejor informados y a escoger de forma más consciente la información que deseen compartir, y qué se hace con esta, no simplemente “aceptando los términos de condiciones” de largos y complejos contratos. ¿Quién es, si no el propio individuo, el dueño de su información?

La falta de confianza en el uso de nuestros datos personales por parte de empresas de Internet es una de las dos mayores barreras al desarrollo tecnológico. Es poco probable que se desarrolle el comercio electrónico, la atención en línea, y la mayor digitalización de procesos, si cada vez que visitamos una página web nos comienza a aparecer publicidad de esos productos en nuestro navegador, o si cada vez que nos registramos con nuestro correo electrónico comienza a inundarse el buzón de entrada con correos anónimos no solicitados de empresas con fines comerciales.