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En enero Weili Siu dejó sus pasantías en una firma de arquitectos para dedicarse de lleno a su negocio de ropa. Antes sopesó sus opciones: trabajarle a alguien o dedicar todo su tiempo a su propia empresa. Al final renunció para ser su propia jefa y recibir mayores ganancias. Ella forma parte del 63 por ciento de jóvenes económicamente activos en Nicaragua.

Weili cursa el último año de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, y distribuye su marca de ropa, Prints, caracterizada por originales diseños y estampados. Además toma proyectos de arquitectura freelance.

Esta pequeña empresa sumada a los proyectos esporádicos que realiza le generan aproximadamente un 60 por ciento más de ingresos que realizar solo pasantías. 

Ella agradece que sus dos meses de pasantía fue en un ambiente laboral agradable, con empleadores que la guiaban y le explicaban los requerimientos de su labor.

Entonces, ¿por qué prefirió la vía de “freelance”? Porque las dinámicas en los puestos de trabajo cambiaron y a nivel generacional, los jóvenes rehúyen de los esquemas duros y buscan el crecimiento profesional ante todo, reveló una encuesta global de la firma Price Waterhouse Coopers, PwC.

A nivel mundial, la actual generación de jóvenes, que representa además la mayor fuerza laboral en Nicaragua, ha cambiado los paradigmas de trabajo y si no se comprenden sus necesidades, se corre el riesgo de perderlos. Esta es una de las proyecciones para los próximos 20 años según estudios como el de PwC.

Otras de las características laborales que muestra esta generación son sus ganas de trabajar. Un estudio de Manpower Group dado a conocer en 2016 asegura que los millennials trabajan mucho, incluso más que las generaciones anteriores y la principal razón por la que dejan un puesto, es porque no ven en su labor un progreso notable. 

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Empleo juvenil en Nicaragua

En Nicaragua, el empleo joven tiene graves problemas estructurales. Amaru Ruiz, coordinador de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, organización mejor conocida como Red Local, explica que en el país no existen políticas públicas destinadas al desarrollo laboral de la juventud.

Tampoco hay regulación de pasantías y por lo tanto, las universidades y las empresas ponen sus propias condiciones.

Algunas compañías y universidades exigen entre tres a seis meses de prácticas laborales. Como no hay una regulación establecida cada uno establece sus propios términos, así las pasantías pueden extenderse hasta un año. En algunos casos los jóvenes no reciben remuneración, mientras que en ciertas instituciones dan un viático para alimentación y transporte.

Entre esa mezcla de criterios, hay buenas y malas prácticas, indica Amaru Ruiz. “Para nosotros es importante, si vamos a promover el primer empleo juvenil, regular el tema de las pasantías”, agrega.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, afirmó que “no hay pasantes, no hay demanda y no es una cultura en las empresas que hayan pasantes”. Ante esta realidad, comentó que el Cosep busca mecanismos para atraer a practicantes y que logren posicionarse en las empresas. Las declaraciones las dio este 24 de mayo, en una de las conferencias que realiza todos los miércoles.

La búsqueda de un marco jurídico

En 2013 hubo una iniciativa de ley para la Promoción del Contrato de Primer Empleo. Esta fue impulsada por el exdiputado Alberto Lacayo y constaba de ocho artículos, que a criterio de Amaru Ruiz fueron redactados sin las demandas de la juventud.

La iniciativa quedó engavetada. “No pasó a más, a pesar que Red Local inició un proceso de consulta a nivel municipal con la idea de (saber) qué otros insumos se podían elaborar a favor de la juventud. Esta ley aumentó a 32 artículos que nosotros íbamos a utilizar a través de la vía legislativa”, asevera el coordinador de Red Local.

A inicios de este año, surgió nuevamente la preocupación por regular el empleo joven en Nicaragua. La diputada del PLC y miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Azucena Castillo, anunció la elaboración de una iniciativa de ley para pasantías. Después de cuatro años, el tema vuelve a la Asamblea Nacional con una iniciativa «renovada» y que no guarda relación con la anterior.

La que se dio a conocer en 2013, obligaba a los empleadores a pagar la cotización del Seguro Social, mientras que la nueva opción que presentará la diputada Castillo señala que en el tiempo de duración del contrato temporal (de seis meses a un año), será el pasante quien pague su cotización.

Azucena Castillo asegura que todavía falta sentarse a dialogar con la empresa privada y con demás entidades públicas para que esta ley no sea rechazada por ningún sector y que más bien se logre la aprobación de todos los actores.

Amaru Ruiz explica que es importante regular el tema de las pasantías porque ese es el vínculo de universidad-empresa y universidad-mercado laboral. «Los chavalos y chavalas que son de esas universidades, su primera relación con el mercado laboral lo hacen a través de esas pasantías”, explica.

El experto también señala que tanto las universidades como las empresas deciden lo que es bueno para los estudiantes sin ninguna consulta previa a ellos. Los estudios por parte de Red Local continúan y ahora, Amaru Ruiz está coordinando uno sobre las pasantías en el país que podrá servir de insumo para la iniciativa de ley.

Él admite que el proceso de crear políticas públicas es lento, pero no pierde las esperanzas de que algún día se establezcan los puentes entre el mundo universitario y el mundo laboral.

¿Debería cotizar un pasante?

Francisco García lleva casi seis meses en una pasantía obtenida gracias a su facultad. Él estudia Ingeniería en Sistemas en el Instituto de Estudios Superiores, IES. Su trabajo consiste en dar mantenimiento e instalar equipos en los laboratorios de esta universidad. Al aceptar este empleo, Francisco consiguió una beca completa de un año, el tiempo estipulado de sus prácticas. Esa es la remuneración que recibe por parte de sus empleadores.

Después de esa pasantía, él puede optar a una plaza de trabajo permanente, pero lo que le gusta a Francisco es la programación y no tanto el mantenimiento de equipos.

Lamenta el hecho de que en sus prácticas laborales no pueda explorar el área de la computación que tanto le apasiona, pero afirma que Internet es el mejor aliado de un programador. Entre foros y videos tutoriales, abundan guías para aprender y solidificar sus conocimientos académicos.

En ese año de pasantías, a Francisco le gustaría tener la posibilidad de cotizar seguro social.

El tema de si un pasante debe o no afiliarse al INSS antes de obtener un contrato laboral ha sido abordado desde el proyecto de ley promovido por el exdiputado Alberto Lacayo.

Manuel Ruiz, experto en seguridad social, afirma que es recomendable crear una iniciativa para que los jóvenes universitarios y económicamente activos coticen una especie de seguro extra afiliado al INSS.

Con esto, se abre la posibilidad de “inyectarle” recursos a esta institución. Pero el reto está en hacer este producto atractivo tanto para los jóvenes como para los padres.

“Este seguro debe ser más agradable y más atractivo que el seguro facultativo porque si un muchacho de primer año dice ‘no me gusta esto que me están cobrando’ simplemente se va”, explica el experto.

La postura de José Adán Aguerri, presidente del Cosep, ha sido contundente desde el 2013, cuando se cuestionó sobre si los pasantes deberían afiliarse al INSS. El Cosep se mantiene: no sería una práctica recomendable que las empresas inscribieran a los practicantes al INSS.

Panorama no muy alentador

Amaru Ruiz explica que si sigue esta dinámica informal y si no se trazan políticas públicas de aquí a 20 años, la actual fuerza laboral joven no podrá mantener a la futura generación.

“Nosotros identificamos un panorama para el 2030 a través de una encuesta a chavalos y chavalas para saber cómo andaban. A partir de estos datos realizamos una agenda para ese año y una de las tónicas de los jóvenes es el tema del empleo. Necesitan trabajo”, asegura Amaru Ruiz.

Y ciertamente, la región vive uno de sus mejores momentos para inyectarle recursos a su economía: la mayor parte de la población está en edad de trabajar. Para el 2035, las personas de 65 años se duplicarán y los jóvenes económicamente activos se reducirán. Este es el bono demográfico, una oportunidad para crear estrategias de empleos que a criterio de muchos estudiosos se está desperdiciando.

Un estudio presentado por la Plataforma Nacional Juvenil, PNJ, revela que seis de cada diez jóvenes realizan una actividad económica, pero la mayoría de ellas está en el área informal. El trabajo informal no provee derechos básicos como prestaciones laborales, salario fijo ni seguridad social. Tampoco tiene un gran impacto en la economía del país.

“La Tasa de Desempleo Juvenil es relativamente baja. Por consiguiente, el problema del empleo de los jóvenes no es el desempleo, sino más bien la informalidad y precariedad del mismo”, asegura el estudio publicado en septiembre de 2016.

“Se nos acaba el tiempo para fortalecer la población adulta de 2030. Tenés una masa de gente que la estás dejando al garete (…) Cuando los chavalos y chavalas pasen a ser la generación de nuestros padres y no tenga las condiciones necesarias, ¿quién va a subsidiar la generación siguiente, que es la de nuestros hijos?»

Nicaragua también carece de profesionales en el área técnica, porque según Amaru Ruiz solo se vende el «trabajo de oficina» y se descuida el hecho de que Nicaragua tiene zonas rurales y faenas que no han sido explotadas en su totalidad.

Ante este problema que Amaru lo tilda de estructural, el punto de mira para la creación de políticas públicas, está por ahora en los jóvenes que salen de las universidades con un título pero se quedan sin oportunidades laborales. La solución, para muchos actores políticos, está en crear de una vez por todas leyes destinadas a este sector que logren garantizar a los estudiantes las condiciones básicas de empleo.