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Niños y adolescentes están desprotegidos en la crisis, afirma Codeni

Al menos 29 de los 325 asesinados son menores de edad. También hay más de 20 menores como presos políticos. "Todos los procesos de los presos políticos son ilegales", afirma vocero Jorge Mendoza

     

La Federación Coordinadora Nicaragüense que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) “está realmente preocupada por la seguridad de la niñez y la adolescencia en Nicaragua” y afirma que “todos los procesos judiciales de los presos políticos son ilegales”. 

Jorge Mendoza, vocero de Codeni, reclama que “existe un mandato del Estado, de proteger a los niños, niñas y adolescentes, y lamentablemente ese mandato ha estado ausente”. 

Mendoza lamenta que como una Federación que trabaja en pro de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, han identificado que de 300 personas muertas en el contexto que se vive actualmente en Nicaragua,  29 han sido adolescentes o niños menores de 18 años.

“De los 29 casos, tres han sido del sexo femenino y 26 son del sexo masculino; 19 niños o adolescentes han sido muertos por heridas de bala en la cabeza, en el cuello y en el tórax”, detalló Jorge Mendoza. en una entrevista en el programa Esta Noche.

Según Mendoza, además de ser actos “despreciables” por parte del Estado, como organización se sienten preocupados por lo que pasa actualmente en Nicaragua. “A nosotros estas circunstancias nos llaman mucho la atención porque nuestro deber es proteger a la niñez y la adolescencia y hemos decidido no guardar silencio como organización”, afirma.

Codeni se pronunció ante la amenaza de un agente de la Policía Nacional, definiendo su actitud como “una flagrante violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes”. También exigió al Gobierno de Nicaragua garantizar las medidas de protección a la niñez y la adolescencia en medio de la crisis que vive el país.

Son ejecuciones sumarias

El vocero de Codeni sostiene que las circunstancias que se viven en Nicaragua son ejecuciones sumarias. “Tal vez no estamos frente a un genocidio, pero podemos decir expresamente que en estas circunstancias, la niñez ha sido afectada de manera deliberada”, afirma.

Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPD), define las ejecuciones sumarias como “actuaciones ilegales que tienen que ver con la privacidad de la vida y son ejecuciones extrajudiciales”.

El vocero de Codeni afirma que si bien el Estado está mintiendo en sus datos, no hay argumentos para que pueda ocultar su responsabilidad ante los actos de barbarie que se han vivido desde abril pasado, durante la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.

“El Estado de Nicaragua, ha venido desmantelando el sistema de protección y a abandonado su responsabilidad de protección a la niñez y la adolescencia”, afirmó.

También explicó que como Federación interpusieron una denuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Nicaragua.

“Hasta el momento no nos han informado absolutamente nada de los procesos o investigaciones. Las instituciones del Estado que se tienen que responsabilizar por los derechos de la niñez y la adolescencia hasta el momento no se un pronunciado”, comentó.

Según Mendoza, “el Estado de Nicaragua no tiene ningún discurso suficiente para que se descarte de la responsabilidad que ha tenido en todo lo que ha pasado”.

“Están nombrando abogados que ya fallecieron”

Codeni cuenta con una fuente primaria para rastrear los casos de denuncias, a través del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. “Como Codeni nos hemos encargado de monitorear las denuncias que familiares hacen sobre el tema de la niñez y la adolescencia, que ha sido afectada desde abril”, comentó el vocero.

Según el informe de Codeni, hay 18 adolescentes en el país que fueron detenidos y se les están abriendo procesos judiciales. Los adolescentes fueron apresados en sus casa de habitación o porque una persona denunció que tenían actitudes “vandálicas”. “Los adolescentes son de Matagalpa, Managua, Masaya y Sébaco. Estos adolescentes no debieron haber sido detenidos nunca”, denunció.

Mendoza afirmó que “todos los procesos judiciales de los presos políticos, son ilegales” y denunció que mientras se encontraba en Colombia, una madre de familia interpuso un recursos de exhibición personal de su hijo, a quien ya se le había vencido el tiempo para estar detenido. Sin embargo, el Poder Judicial nombró un juez ejecutor mientras se encontraba fuera del país.

“Hay una retardación de justicia provocada por la ineficiencia del Poder Judicial”, afirmó el vocero de Codeni.

También expuso que el Poder Judicial está nombrando abogados que ya fallecieron o que están fuera del país desde hace veinte años. “Lo que pasa en el Poder Judicial es totalmente ineficiente y no se puede permitir en las actuales circunstancias”, afirmó Mendoza.