II y última entrega
La sentencia a “muerte académica” contra al menos 110 estudiantes de los recintos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) se tomó en una “misa negra” con la participación de miembros de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios (UNEN). Tres semanas antes que la Universidad concretara la expulsión, en agosto de 2018, el Consejo Universitario autorizó la creación de una Comisión Especial Extraordinaria que analizaría las consecuencias contra los universitarios críticos al régimen, muchos atrincherados e incluso presos políticos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Estudiantes universitarios confirmaron a la REVISTA NIÚ que, desde inicios de agosto de 2018, el Consejo Universitario mantuvo reuniones de emergencia en Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA-UNAN). Ahí la Comisión Especial analizó, caso por caso, la lista de “estudiantes golpistas” entregada por la misma UNEN. El resultado fue la primera expulsión masiva de estudiantes en la historia de Nicaragua, en un proceso que viola el mismo reglamento interno de la universidad y cercena el derecho a la educación de más de un centenar de universitarios.
Ninguno de los alumnos, que el 17 de agosto de 2018 fueron expulsados, supo que había un proceso en su contra, tal como lo establece el reglamento interno de la UNAN. Tampoco recibieron una notificación por escrito con las razones o la resolución final, ni tuvieron posibilidades de apelar.
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La Comisión Especial, también conocida como Comisión de Seguridad, fue creada aparte de las dos comisiones disciplinarias que ya están establecidas en del reglamento académico de la UNAN. Y en ella se crearon subcomisiones en función de cada facultad, pero no todas tuvieron que ver con la vida académica de los imputados. Hubo una, cuya tarea fue la revisión de las redes sociales de cada universitario.
Autoridades callan sobre expulsiones
“Esa nueva comisión estuvo cerrada. Solo se le denominó Comisión Especial. Nunca se dio a conocer quiénes eran. Otro proceso que es completamente ilegítimo porque se tiene que dar a conocer quién te está juzgando”, denuncia el estudiante Elthon Rivera, miembro de Acción Universitaria, el movimiento estudiantil que ha recabado información sobre este caso.
“A esta comisión —agrega Rivera— se le dio la misión de dar espionaje y seguimiento para identificar a quienes le tiraban (criticaban) al Gobierno y con base en eso, hacer las expulsiones”.
Este mes de enero de 2020, se cumplen 17 meses de esas expulsiones masivas, y la UNAN no ha reconocido públicamente cuántos fueron los estudiantes sancionados, a qué recintos pertenecían, cuáles fueron las pruebas que provocaron esta decisión, por qué los estudiantes no fueron notificados ni del proceso ni de la decisión y quiénes formaron la Comisión Especial que emitió el fallo en contra de los estudiantes.
La única comunicación oficial que hace alusión a las expulsiones es un documento filtrado en septiembre, pero con fecha del 20 de agosto de 2018. En el documento, Luis Alfredo Lobato, secretario general de la UNAN, se dirige a César Rodríguez Lara, director de Registro. Lobato menciona la Sesión Extraordinaria No. 13-2018, llevada a cabo el 17 de agosto. Ese día se presentó un “informe” elaborado por la Comisión Especial, junto con la resolución del Consejo Universitario. El anexo: los nombres, apellidos, carreras, facultades y números de carné de 82 estudiantes expulsados.
Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la UNAN se ejecutaron 144 expulsiones, registradas por Acción Universitaria. El movimiento argumentó a la REVISTA NÍU que no podía compartir el detalle de esos datos porque entregó la información en confidencialidad. Sin embargo, facilitó un listado de 55 estudiantes expulsados con sus datos personales e identidades protegidas.
Los “delitos” de los estudiantes
La comisión y subcomisiones que desterraron a los universitarios de sus recintos, nacieron con la aprobación del Consejo Universitario, el máximo órgano de la UNAN. El Consejo está integrado por siete miembros a cargo de la rectora Ramona Rodríguez. Además, diez decanos de facultades, tres secretarios y doce presidentes de UNEN, liderados por Allan Daniel Martínez, e Iris Valeria Cruz Martínez, presidenta estudiantil del recinto Rubén Darío, en Managua.
“La decisión de expulsar a los estudiantes se tomó en el Consejo Universitario, pero tuvo que pasar por una comisión disciplinaria. Esa comisión nunca existió”, reclama Alejandra Centeno, joven expulsada a pesar de su excelencia académica, e integrante de Acción Universitaria. Centeno también critica que se creó una Comisión de Seguridad que no existía en el Consejo Universitario. “No sabemos a ciencia cierta a quién se le ocurrió la idea de expulsar estudiantes, pensamos que UNEN levantó lista y la pasó”, denuncia. La UNEN, aclara, es miembro con voz y voto dentro del Consejo Universitario.
La Comisión Especial alegó, entre las razones para justificar las expulsiones de los estudiantes, “haber participado en tranques, uso de artefactos para la agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la universidad, comportamiento vandálico, llamado a la desobediencia académica e incitación al odio y la violencia”.
Además, prohibió a los expulsados volver a ingresar al recinto, amenazando con demandarlos “por la vía judicial”. Al final de la hoja filtrada, se detalla: “CC (con copia a): Ramona Rodríguez Pérez”, la rectora de la UNAN, quien más tarde fue nombrada presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la organización rectora de la educación superior en Nicaragua.
“Aceptar púbicamente que expulsaste a estudiantes que son opositores es aceptar abiertamente que violentaste un derecho humano y que el Estado no es capaz de garantizar la educación”, denuncia Centeno.
Ramona Rodríguez, la pieza clave dentro de la UNAN
Si la represión en contra de los estudiantes llegó hasta las expulsiones, la principal responsable por permitirlo —valoran los estudiantes— es la rectora, Ramona Rodríguez, quien en agosto de 2019 fue nombrada como nueva presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
“Ella pasó a la historia como la peor rectora que la UNAN haya tenido. Hay videos en los que aparece arengando y amenazando a los estudiantes con quitarles becas si participa en marchas (…), y desde antes había algunos cuestionamientos porque su nombramiento no obedeció a los criterios que establece la ley para nombrar o elegir al presidente del CNU. A ella se le cuestionaba sus condiciones académicas porque el rector de una universidad debe de ser un académico por excelencia y ella no tenía los mejores atributos académicos para ser rectora”, valora Jorge Mendoza, director del Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH).
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Según el perfil académico publicado el sitio web de la UNAN – Managua, Ramona Rodríguez posee un máster en Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene una especialidad en Metodología de la Investigación Científica y es licenciada en Ciencias de la Educación. Además, fungió como directora de la Facultad Regional de Estelí desde 1994 hasta 2010. Luego, fue escogida como vicerrectora general en el recinto de Managua y desde marzo de 2015 es rectora de ese recinto.
La REVISTA NIÚ solicitó una entrevista con la rectora y presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, para conocer la versión oficial de la universidad, pero no ha respondido las comunicaciones.
El académico y exrector de la UNAN – León y la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, comenta: “No sé si esa señora duerme tranquila por todo lo que está pasando en su universidad y en el CNU, porque también es una instancia que ha perdido el poco prestigio que pudo tener”. A su juicio, Rodríguez “no juega ningún papel en preocuparse por la educación superior”, sino solo en administrar el 6% del Presupuesto General de la República que se reparte entre las universidades como premio o castigo según sus posiciones frente al Gobierno. “En los últimos años —critica Medina— esa ha sido su única preocupación”.
Violaron procedimientos
El reglamento de Disciplina Estudiantil de la UNAN – Managua establece que cuando un estudiante comete una falta grave —así fueron justificadas todas las expulsiones— el caso debe llevarse a la Comisión Disciplinaria Facultativa, que debe notificar al estudiante en un período de tres días, con el objetivo de iniciar la investigación. Luego, el caso se eleva a la Comisión Superior Disciplinaria, que tiene entre 10 y 15 días para averiguar y escuchar la versión del estudiante. Y, finalmente, ambas comisiones deliberan y emiten su fallo.
El alumno, agrega el reglamento, tiene potestad de apelar ante el rector. Sin embargo, este procedimiento no se cumplió en la expulsión masiva decidida en agosto de 2018 contra un centenar de universitarios, y ninguno de ellos fue notificado de la acusación ni de la resolución.
Los jóvenes denuncian que además de ser expulsados, perdieron la oportunidad de retomar sus carreras en otras universidades porque las autoridades también se niegan a entregarles su historial académico certificado e incluso, en algunos casos, fueron borrados completamente de los registros.
La toma de recintos como protesta
La toma de universidades, escuelas, iglesias y edificios públicos, como forma de protesta y resistencia, se ha registrado desde hace más de sesenta años en Nicaragua. El gobernante Frente Sandinista, que a través del control de la UNEN y las autoridades de la UNAN empujó en agosto de 2018 la expulsión de al menos 110 estudiantes tras las protestas que estallaron en abril de ese año, también usó antes la toma de instituciones y recintos.
“Cuando yo era estudiante (en los años setenta) lo hicimos varias veces para protestar por la libertad de los presos políticos y, en aquel entonces eso era lindo, maravilloso, éramos heroicos; ahora somos vandálicos y golpistas por hacer lo que toda la vida han hecho los jóvenes”, critica el académico Ernesto Medina, quien fue estudiante y rector de la UNAN – León y, hasta noviembre de 2018, era rector de la Universidad Americana (UAM).
El FSLN, que ahora ha impulsado la mayor expulsión de universitarios, antes usó la toma de recintos como protesta. Sus tentáculos hoy controlan las universidades públicas
En esa época, recuerda Medina, la única expulsión fue contra dos dirigentes del Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CUUN) en el recinto de León. En protesta, los estudiantes volvieron a tomarse el recinto y el rector se vio obligado a reintegrarlos. Luego, agrega, hubo otras tomas, pero no hubo expulsiones.
“En tiempos de la autonomía universitaria nunca hubo expulsiones por razones de tipo político” sostiene el catedrático, exrector de la UNAN León y exministro de Educación, Carlos Tünnermann. “Ni al doctor (Mariano) Fiallos (considerado el padre de la autonomía universitaria), ni a mí, se nos ocurrió nunca expulsar a nadie”, afirma.
Medina y Tünnermann coinciden hoy en la opositora Alianza Cívica, y al hablar sobre las actuales expulsiones contra los universitarios comparan su propia experiencia cuando coincidieron en el recinto de León. Medina como estudiante y Tünnermann como rector.
En aquellos años, Nicaragua estaba bajo otra dictadura: la somocista. Sin embargo, afirman que en las universidades los estudiantes tenían libertad de pensamiento, y era ahí donde se organizaban, protestaban y hasta recaudaban dinero para mandarlo al Frente Sandinista.
En una ocasión, recuerda Medina, los estudiantes protestaron por un libro. “En ese libro había un capítulo sobre la embajada americana y por eso acabamos tomándonos la Universidad. Fuimos a ponerle una serenata al doctor Tünnermann (entonces ya rector del recinto) y a él nunca se le ocurrió expulsarnos. Él sabía quiénes éramos los que estábamos frente a su casa cantándole canciones. Es más, cuando había problemas dentro de la universidad nosotros sacábamos las bancas y trancábamos la calle. Y las autoridades llegaban hablar con nosotros”, relata.
La autonomía universitaria, aprobada en 1958, está maniatada con la nueva dictadura que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las universidades públicas son controladas desde adentro por los tentáculos del régimen: la UNEN, la Central Sandinista de Trabajadores, los Comités Sandinistas Departamentales y las autoridades universitarias que son seleccionadas estratégicamente por el partido para seguir sus lineamientos.
La investigadora en temas de educación, María Josefina Vijil, valora que “la educación en Nicaragua está sufriendo” en todos los niveles, porque se ha partidarizado. “Muchos jóvenes nos han dicho que las universidades públicas son como una gran cárcel: no se puede llegar en otro día que no toquen clases, se les bajó la carga horaria para evitar que se encuentren entre ellos, y un motón de medidas represivas para evitar que se organicen. La universidad —lamenta— se ha vuelto una institución represiva para los jóvenes”.