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Para algunos jóvenes nicas, obtener su título es una odisea. Se ha hablado de legislar los costos pero rectores y especialistas en educación opinan que eso no es posible.
A «Stephanie» le falta un mes y 252 dólares para egresar de su carrera. Hasta ahora, solo ha pagado 480 dólares del seminario de culminación de estudios. Aún debe cancelar todos los demás trámites: un certificado de notas por 24 dólares; una carta de egresado, 15 dólares; la constancia de seminario de grado, 3 dólares; el trámite de título, 160 dólares y el acto de graduación, 50 dólares. En total pagará 732 dólares por titularse.
Stephanie, a quien llamaremos así porque comparte su historia en el anonimato, estudia en la Universidad de las Américas, ULAM, y la única persona que le ayuda con los pagos universitarios es su esposo.
Ella no sabe si al terminar el seminario tendrá todo cancelado. Algunos de sus compañeros han interrumpido sus estudios por problemas económicos, cuenta.
Stephanie tiene una hermana menor que estudia en una universidad pública y que también está por egresar, pero a diferencia de ella, pagará solo 800 córdobas por su título universitario.
Los costos de los trámites de titulación han sido discutidos desde hace algunos años y los bandos están marcados: algunos apuntan a que se debe legislar para regular los precios, mientras otros opinan que las universidades establecen sus costos de acuerdo a sus necesidades.
Rectores explican argumentos de universidades
José Estrada García, rector de la ULAM, asegura que su universidad “es una de las que tiene el costo más bajo”.
El seminario de grado, modalidad de culminación con la que Stephanie va a egresar, es la más demandada por los estudiantes de la ULAM. Cuesta 480 dólares, cantidad que ella ha pagado hasta ahora.
El rector señala que hay “formas paliativas” para que los precios de culminación sean más accesibles si el universitario tiene dificultades. Una de ellas es que al pagar antes del 20 de diciembre, el estudiante obtiene una rebaja de 80 dólares.
“Dentro de este universo, aun dando todo esto (el descuento), me imagino que habrá uno o dos que sienten que aun así es muy caro”, asegura Estrada, quien reconoce que algunos de sus estudiantes tienen problemas económicos agudos.
La ULAM publica anualmente, junto con las 46 universidades privadas del país, todos sus aranceles. Pero hay alumnos que se dan cuenta de los costos de titulación hasta el curso de inducción –el primer día de clases—, y no cuando llegan a inscribirse.
“Cuando el muchacho viene a matricularse, muy pocas veces pregunta sobre esto. Nosotros lo que hacemos es darle una información general muy rápida”, comenta Estrada.
Los estudiantes de la ULAM son en su mayoría jóvenes entre los 20 y 26 años que trabajan, están casados o tienen hijos y ven en esta universidad una opción educativa por mensualidades de 20 dólares.
El rector asegura estar consciente de ello: “Yo creo que son precios que se adecuan a este perfil social. Porque la universidad tiene que cubrir sus costos, a ellos se les tiene que poner buenos tutores. La docencia no es de un profesor horario normal, sino que vienen profesores especializados en ciertas temáticas”.
¿Qué se está haciendo?
“Transparentar” los costos es la respuesta que el Consejo Nacional de Rectores, CNR, le ha dado a las interrogantes surgidas a raíz de los costos de titulación.
En 2013, este Consejo lanzó una resolución que en su Artículo 2 dicta que cada universidad tiene la responsabilidad de decirles a los estudiantes desde el día de su matrícula cuáles serán los costos de los aranceles, las formas de culminación de estudio y el precio de cada una de ellas.
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En el Artículo 6 se aclara que, “una vez que el estudiante ha ingresado a una universidad, conociendo y aceptando las condiciones académicas y económicas publicadas, la institución no deberá realizar variaciones en dichos aranceles y servicios”.
“Si pasaste pagando 4 años, ¿por qué vas a pagar mil 700 dólares más al final?”
Massiel López tiene 26 años y egresó hace tres años de la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC. Su forma de culminación fue un curso de especialización de 1,700 dólares.
López es licenciada en Periodismo con una mención en Dirección de Marketing, que según ella, no le ha servido de mucho. En los tres años que lleva inmersa en el mundo laboral, nunca se ha desempeñado en el área de mercadeo y actualmente se dedica a Relaciones Públicas. Piensa también que el año de esfuerzo y los 1,700 dólares dedicados a su especialización no han sido recuperados.
López también asevera que no fue informada en su matrícula sobre el precio de los aranceles de titulación.
En la UCC hay diferentes formas de culminación de estudio con distintas tarifas. La monografía cuesta 1,000 dólares y el curso de especialización 1,700 dólares, este último tiene mayor demanda por los estudiantes. Esto se debe, afirma Ivania Toruño, rectora de esta universidad, a que los jóvenes tienen “mejor apertura en las empresas” con la especialización.
“Pero es una opción del estudiante (la culminación de estudio), nuestro deber como universidad es darle las opciones y que ellos decidan”, comenta.
La rectora de la UCC asegura que hay costos que la universidad debe solventar, como el salario de los docentes, actualizaciones en infraestructura y tecnología, que vienen de las formas de culminación y otros aranceles.
“Nosotros no tenemos la oportunidad de decir vamos a recibir el seis por ciento del Estado para solventar fuentes”, agrega.
La rectora Toruño reconoce que es normal que exista inconformidad en algunos alumnos, pero estima que no es la tónica de todos los estudiantes. “Desde el momento que se ingresa y conocés cuáles son los costos de graduación, somos todos corresponsables del compromiso que asumimos”, dice.
¿Se debe legislar el costo de los aranceles de titulación?
Adán Bermúdez, presidente del Consejo Superior de las Universidades Privadas, Cosup, explica que no puede haber uniformidad en los costos, porque cada institución tiene características propias que las diferencian entre sí, como el salario de los docentes o los gastos del recinto.
“Decir unificar y que las modalidades de graduación van a tener un costo fijo único es mentira, no se puede”, sentencia.
Más bien cree que la salida es transparentar dichos aranceles y dejar en claro a los estudiantes los costos desde el inicio de su carrera.
“Si el precio de tu titulación y demás aranceles no te parecen, entonces te buscás otra universidad que se adecue a tu nivel económico. Lo importante es que vos sepás desde el inicio y que no te vayás a sorprender hasta el final”, reafirma Adán Bermúdez.
Legislar no es una opción bien vista por los rectores, pues también “rozaría” la autonomía universitaria.
La Ley 89 o Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, otorga albedrío académico, administrativo y económico a las universidades del país, por consiguiente “es facultad de las universidades gozar del establecimiento de sus aranceles”, explica Orlando Mayorga, expresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA, organismo que vela por la calidad del sistema educativo y la enseñanza.
Para el académico, el principal problema no está en los precios, sino en cómo las universidades establecen y depuran las formas de culminación. “Las universidades no deberían de obligar al muchacho a una sola forma de salida, sino que sea él quien escoja la forma de cómo quiere egresar”, afirma.
Mayorga propone ante estas inquietudes que se haga un estudio en las universidades del país y que estas sean segmentadas según el sector social al que están dirigidas.
“Lo correcto sería que el consejo de rectores se reúna y que moralmente tomen una posición de decir ‘hombre, favorezcamos a las grandes cantidades’”.
Orlando Mayorga, expresidente del CNEA
Pese a que el CNEA funciona como un ente rector, el único organismo que puede legislar y decretar, incluso los costos de los aranceles, es la Asamblea Nacional. Orlando Mayorga explica que ni el Consejo Nacional de Universidades, CNU, tiene la potestad de regular estos precios.
Anuncian reforma a la Ley de Títulos
A mediados de este año, José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional anunció una reforma a la Ley de Titulación Universitaria, que desde hace 30 años no se toca.
Aún se desconocen los aspectos a reformar o si habrá una nueva ley y si esta estipulará el costo de los aranceles de los títulos universitarios.
La diputada María Fernanda Flores, vicepresidenta de la Comisión de Educación, comentó a los medios que la regulación de los aranceles se dialogará después del receso parlamentario de la Asamblea Nacional y que hay varios aspectos de la Ley que se deberían cambiar, uno de ellos son los costos de titulación universitaria, afirmó.
Niú solicitó una entrevista con José Antonio Zepeda para consultarle sobre la reforma de la Ley de Titulación Universitaria, pero en su oficina respondieron que estaba muy ocupado y que devolvería la llamada. Hasta la fecha no ha habido respuesta.
«Yo insto a los diputados que nos inviten, nos visiten, conversemos. No solamente es aprobar una ley de manera populista, sino una ley que responda a las necesidades del país».
Ivania Toruño, rectora de la Universidad de Ciencias Comerciales
Ante una supuesta legislación por parte del Estado, Adán Bermúdez, miembro del CNR, afirma que “solo en una economía comunista podría establecerse un monto fijo en los aranceles de titulación de todas las universidades” y que Nicaragua tiene una economía de mercado donde cada institución privada de educación superior ha escogido el costo de sus aranceles.
“Lo que sí hay que entender es que al final, yo puedo cobrar si querés 10 mil dólares en mi curso, pero ya veré yo qué nicaragüense va a venir a mi universidad para pagar esos 10 mil dólares. Al final lo que te define es la demanda de la población, no es el Estado que venga y diga estás cobrando mucho o estás cobrando menos”, sentencia.
Más que un negocio, un bien social
Cefas Asensio, experto en educación superior, opina que las universidades deben considerarse como un bien social más que como un negocio. «El mayor interés creo yo, más que resolver un asunto de aranceles como tal, que es un asunto casi privado, más bien debería estar enfocado en fortalecer la acreditación de estas entidades y los diferentes servicios que estas dan«.
El experto cree que los informes realizados por los diferentes consejos que velan por la calidad de la educación superior deberían ser divulgados y que no se puede empezar a hablar de regulación sin antes conocer cómo están las condiciones de la calidad de la enseñanza. Que esto no sea de dominio público, impide que se creen políticas y no se lleve un control de la labor social de cada universidad, concluye.
