Estilo
"Una medida cautelar pone al Estado en una situación que debe, a través de sus órganos de seguridad, proteger a las personas que son cubiertas por estas medidas"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tras su visita e investigación en el país, solicitó al Estado de Nicaragua la adopción de medidas cautelares que garanticen la seguridad de 13 jóvenes de los distintos movimientos estudiantiles que han participado en las sesiones del Diálogo Nacional.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que debe promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Ellos definen las medidas cautelares como “un instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente”, pero no tienen las facultades para ejercer justicia ni forzar al Gobierno a cumplir esas medidas.
Adoptamos medidas de protección para estudiantes que participaron en protestas y brindaron asistencia a manifestantes en Nicaragua. Lee más: https://t.co/lzF4navJwg
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 25, 2018
“Una medida cautelar pone al Estado en una situación que debe, a través de sus órganos de seguridad, en este caso la Policía Nacional, proteger a las personas que son cubiertas por estas medidas”, sin embargo, “el Estado puede decidir no aceptarlas”, explica Félix Maradiaga, politólogo y director del Instituto de Estudios Estratégicos y Política Públicas, IEEPP.
¿Cómo debe el Estado garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares?
Si el Gobierno adopta esas medidas, el Estado a través de la Cancillería de la República deberá convocar a los beneficiarios a una reunión para acordar los mecanismos que ellos estimen adecuados para garantizar su seguridad, explica Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.
“El Estado no puede imponerles que va andar detrás de ellos con una patrulla o que los van a cuidar en sus casas un policía. Ellos (beneficiarios) tienen que decidir qué necesitan para su seguridad y a qué se compromete el Gobierno”, detalla.
Si alguno de los jóvenes ha sido amenazado vía telefónica, la Policía debe ordenar de inmediato a Telcor o al proveedor correspondiente el bloqueo de esa línea de comunicación, explica Núñez.
Sin embargo, Félix Maradiaga admite que el problema es que el Gobierno ha perdido el control de sus estructuras y existen muchos elementos policiales «fanatizados» que «no están actuando bajo una cadena de mando racional».
Aunque lo ideal sería que los beneficiarios sean protegidos por la Policía Nacional como ha ocurrido en otros países, para Vilma, en Nicaragua podrían fungir como “espías” y no como garantes de la seguridad. Ella afirma que una forma de garantizar la seguridad de los jóvenes, es que el Gobierno cumpla con las dos primeras recomendaciones de la CIDH: el cese a la represión y la desarticulación de los cuerpos paramilitares organizados.
Estas medidas también obligan al Estado a desistir de cualquier intención de represalia judicial en contra de los 13 jóvenes, y deben garantizar su libre participación en los diferentes escenarios de debate público.
Las medidas cautelares están hechas a la medida de cada caso, y así también su tiempo de vigencia. En el caso de las otorgadas a los jóvenes estudiantes, la CIDH las ha emitido de manera indefinida.
¿Qué pasa si el Estado no acata las medidas cautelares de la CIDH?
“La CIDH no puede forzar a que se cumplan las medidas cautelares”, explica Maradiaga, pero si las rechaza: “el Estado se expone una vez más como un Estado que incumple los derechos humanos”.
Para Vilma Núñez, el incumplimiento contribuiría a que a nivel internacional se refuerce “la imagen de un Estado violador” que tiene Nicaragua. “No es lo mismo que lo diga un organismo nacional de derechos humanos, a que lo diga la CIDH”, reitera.
La CIDH podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que dicte medidas provisionales que tienen un efecto de mayor obligación para el Estado, quien estaría en el centro del foco internacional. Para Núñez, eso podría ser una pauta para que otras organizaciones ejecuten sanciones fuertes contra el Estado de Nicaragua.
Maradiaga, por su parte, pone en duda que el Gobierno dañe directamente a los jóvenes beneficiarios de las medidas cautelares, pues cree que el Estado se expondría a “una explosión de indignación y de ira nacional”, similar o mayor a lo sucedido con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro.
“Los estudiantes tienen el respaldo moral del pueblo, entonces al ser símbolos nacionales, eso genera cierta protección”, enfatiza.
Vilma Núñez ha confirmado que si en un plazo de una semana el Estado no responde a la solicitud del cumplimiento de las medidas cautelares, el Cenidh enviará un informe a la CIDH.
