Cultura

Disfrutar de una película el fin de semana es una actividad común entre los nicaragüenses, aunque pocas veces vemos en el cine producciones cinematográficas nacionales.

Producir filmes es costoso, pero en algunos lugares se ha convertido en una industria pujante que ofrece muchas oportunidades de empleo, sin embargo, en países como Nicaragua sigue siendo un sueño.

En 2010, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó la ley 723, o Ley de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que tiene como fin normar, proteger e impulsar las actividades cinematográficas y audiovisuales nacionales e internacionales. Además contempla la formación de un Consejo Nacional de Cine y un presupuesto para fomento. Nada de esto se ha cumplido.

Frank Pineda — cineasta, miembro fundador del Instituto Nicaragüense de Cine (Incine) en 1979, y corresponsal de guerra en los años 80– asegura que esta ley no es más que una herramienta jurídica que regula el buen funcionamiento del cine, pero que hasta hoy no ha contribuido en mucho: “¿Para qué sirve una ley si no tenemos fondos para producir?”, lamenta.

¿La aprobación de la Ley de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales fue un avance en la búsqueda de una identidad para el cine nacional?

Con la ley de cine no se hace identidad nacional. Es meramente un instrumento jurídico que sirve para propósitos legales de todo tipo de producción extranjera o nacional. La ley te hace avanzar como una pieza en todo lo que significa la industria cinematográfica, es decir, no puede haber una industria de cine si no hay una ley que la sustente, para propósitos legales de exhibición, distribución, comercialización, defensas de derechos de autor.

¿Ha sido efectiva esta ley durante el tiempo que ha estado en vigencia?

Una ley se vuelve efectiva cuando se reglamenta y cumple los propósitos que están en el reglamento, es decir, si en la ley dice que hay un fondo de fomento cinematográfico para promover el cine nacional y no está dado a los cineastas esa ley existe solo como un instrumento jurídico, pero que no contribuye el fomento de la producción, porque no existe ese fondo.

Es decir, ¿la ley ejerce ninguna función?

Para avanzar en la industrialización del país, para legalizar jurídicamente tus proyectos es necesario que la ley cumpla todos los requisitos plasmados en el reglamento. El reglamento es lo que hace cumplir la ley, pero este en estos momentos no está desempeñando su papel, entonces ¿Para qué sirve una ley si no tenemos fondos para producir?

Podría ser útil y contar con ella en algún proyecto gigante de gran envergadura que se quiera realizar. Así ya se cuenta con las herramientas jurídicas para legalizar las cosas.

¿Qué medidas considera necesario tomar por parte de quienes son parte de este gremio?

Reunirse todos los cineastas, hacer un bloque y presionar para que las cosas se cumplan, pero incorporar también a los empresarios, dueños de salas de cine, a exhibidores, distribuidores, quienes son parte de la industria cinematográfica. Unificarnos todos e ir con una sola voz a pedir que se cumplan los mandatos de la ley.

¿Por qué no se han organizado?

La realidad es que ahí no hay una aglomeración fuerte de cineastas, ni lo más representativo. Estamos dispersos, a veces no nos entendemos entre nosotros mismos, entonces creo que hay que llamar a tener la madurez y una visión común de los pilares del cine nacional que hoy no existe a causa de egoísmo y muchos “divas” y “divos” que andan ahí haciendo cine por su cuenta. Cuando el cine tiene que ser no solamente interés de cineastas sino una voluntad política y cultural del gobierno de proyectar el cine nacional en el exterior.