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Aquí está la foto, un documento más para la triste historia de las componendas de cúpula en Nicaragua, digna de archivarse junto a la del pacto Agüero-Somoza Debayle, la del pacto Alemán-Ortega, y la del Pacto de los Generales, entre otras.

Es lo que queda—en los salones de negociación, aclaro, no así en las calles y hogares del país—de aquel rebelde Abril: una mesa ocupada casi en su totalidad por “dignatarios” de la dictadura y por quienes fueron sus socios durante más de once años. En el extremo izquierdo de la foto, de pie, un solitario estudiante parece a punto de salirse de la imagen.  En el centro, sentados, el eterno presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, y el controvertido embajador del Vaticano, bisagra este último del esfuerzo por estabilizar las relaciones entre las élites del poder económico y político.

Ya no están ni los obispos de la Conferencia Episcopal, que muy sensatamente escogieron retirarse, ni los líderes campesinos, presos o exilados, ni los principales líderes estudiantiles y autoconvocados, muchos de ellos también en la cárcel o en el exilio.  No aparece tampoco el Dr. Carlos Tünnermann, quien tras la salvaje represión del sábado había expresado su parecer de que no podía continuarse negociando con la dictadura.

Que alguien se atreva a negarlo: esta es una fotografía del pasado, no de la esperada renovación; una expresiva muestra de cómo los poderes tradicionales del país excluyen al resto de la ciudadanía; de cómo logran, a pesar de sus conflictos, reagruparse; de cómo están dispuestos a impedir que una auténtica democracia, el sueño de tantos nicaragüenses honestos y de tantos jóvenes heroicos, florezca.

¿Cuánto valen las promesas de la Alianza?

No debe sorprender, por tanto, que los anuncios hechos por los personajes de la fotografía tengan “pacto en construcción” tatuado en todo el cuerpo.  El lenguaje mismo de los comunicados es ofensivo, como es vergonzoso que la Alianza Cívica lo emplee.  ¡Quién iba a decir que después de tantos muertos, presos y exilados, y pocos días después de la brutal represión del 16 de marzo, “nuestros representantes” estarían hablando de “fortalecer la democracia” y “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”!

Peor aún, la Alianza, a pesar de haberlo prometido múltiples veces, ha faltado a su palabra de no permitir que los presos políticos sean moneda de cambio en transacciones con la dictadura.  No obstante, aunque parezca increíble, la Alianza presenta como un éxito la promesa de la dictadura de liberar a los presos políticos—pongan atención—“en un plazo de tres meses de acuerdo al ordenamiento jurídico del país”.

Empecemos por lo obvio: la Alianza ha aceptado que la libertad de los reos políticos, detenidos arbitrariamente– mejor dicho secuestrados— sea condicionada por un “ordenamiento jurídico” que es en realidad, ¡y ellos lo saben!, parte del aparato represor de la dictadura.  Ya Mario Arana había sugerido que quizás no todos serían liberados, porque había “visto expedientes” (o sea, expedientes construidos por la propia dictadura) que indicaban culpabilidad criminal en algunos de los presos.

Además, cabe preguntar: si van a liberarlos, ¿por qué esperar tres meses?  Pues, por supuesto, porque la dictadura—si es que llega a cumplir la promesa—juega por tiempo, y en típico estilo orteguiano empuja hasta la última pulgada posible, le saca el jugo a sus actos criminales.  ¿Entonces, por qué la Alianza acepta hacerles el juego? Da la impresión de que en esto, ambas partes–los negociadores del Cosep-Alianza y los del gobierno– comparten objetivo: alargar el momento “dulce” de la liberación, para convencer a un público escéptico, cuando no hostil, de que “hay progreso”.  De tal manera explotan los sentimientos y las necesidades de los propios secuestrados, y de sus familias:  porque si hubiera verdaderamente voluntad democratizadora, los reos políticos saldrían, para usar las palabras de Monseñor Báez, “todos, y ya”.  No hay obstáculo legal para eso, ya que el gobierno los ha encarcelado, mantenido en prisión, y hasta condenado, fuera de la ley. Si hubiera verdaderamente voluntad democratizadora, no continuarían los arrestos y la represión.  ¿Alguien cree realmente que van a parar en estos tres meses? Si hubiera verdaderamente voluntad democratizadora, a la gente se le permitiría ejercer su derecho a marchar.  ¿Qué dice la Alianza de esto? Nada.

Más bien pareciera que lo prioritario para ellos, y para el gobierno, es el despliegue coreográfico de acciones que convenzan a la población de que el “diálogo” va a resolver la crisis, y que para que el “diálogo” dé resultado, la ciudadanía debe dejar el proceso en manos de los señores del Cosep-Alianza.  Quizás por eso han invertido muchas energías en limpiar y ensalzar la figura desprestigiada del Nuncio, y de otros miembros claves del equipo negociador.

¿Qué pretenden?

Ninguna de estas movidas, nada de esta puesta en escena, es explicable a menos que ambas partes se sientan capaces de rescatar su sueño de “aterrizaje suave”, un escenario en el cual los empresarios y el gobierno logran desactivar las sanciones internacionales cuanto antes, y organizan una “transición” controlada, con elecciones que a lo sumo serían adelantadas al 2020, pero quizás no serían adelantadas del todo, sino que ocurrirían de conformidad con el calendario “constitucional” que las ubica en el 2021.  Los detalles dependerían del grado de presión que aplicaran sobre Ortega los Estados Unidos y Europa.

Una transición así, que estaría comenzando de manera manifiestamente antidemocrática y excluyente, muy difícilmente podría culminar en algo que no fuera una versión nueva de lo viejo, una reconstrucción del arreglo de cúpulas que prevaleció hasta abril del 2018.  Otro régimen autoritario.

Sobre este tema he comentado extensamente en otras notas, pero la falsedad de la promesa de la Alianza de que por esta vía, la vía de las negociaciones tal y como están llevándose a cabo, puede alcanzarse la democracia, puede explicarse resumidamente así: para Ortega y sus secuaces, ningún acuerdo de transición es aceptable a menos que reciban amnistía, y aún recibiéndola, como cuelga sobre ellos el riesgo de Justicia Universal por crímenes de lesa humanidad, no pueden arriesgarse a dejar Nicaragua.  Y para quedarse en Nicaragua, en caso dejaran el gobierno, necesitarían mantener sus recursos financieros y políticos, y necesitarían un “garante” de su impunidad.

Nada de esto es aceptable para la ciudadanía, no solo por razones éticas y de justicia, sino porque mientras el clan Ortega permanezca impune en el país, con acceso a sus riquezas y red de influencias, será imposible que haya, ni libertad, ni democracia.

¿Qué opciones quedan al movimiento democrático?  Solo el pueblo salva al pueblo, grita la gente.