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Entre quienes se aferran a los autoritarismos de la “izquierda” una defensa favorita consiste en demonizar a sus contrarios como oligarcas, o elitistas indiferentes ante las enormes brechas sociales y económicas que tajan las sociedades iberoamericanas. Enfrente tienen a quienes, en nombre de un supuesto “liberalismo” o “neoliberalismo”, borran de la agenda del Estado democrático la meta de reducir las distancia sociales y económicas entre los ciudadanos.

Ambas nociones subrayan la pobreza intelectual del debate en nuestro medio, y en verdad dicen más del creyente que del santo: para la “izquierda”, porque ha sido incapaz, desde la catástrofe de los proyectos comunistas en la antigua Unión Soviética y Cuba, de presentar un programa que convenza en positivo; para la “derecha” “liberal” o “neoliberal”, porque se trata apenas de un barniz muy flaco con que intentan cubrir la inacción quienes buscan proteger sus privilegios, sin pensar ni muy largo ni muy ancho en el futuro.

Porque en verdad no hay necesariamente una contradicción entre aspirar a la libertad política y aspirar a la equidad social y económica. Todo lo contrario. A pesar de las diferencias aparentes, somos iguales en esto: nacemos con la capacidad, y por lo tanto el derecho, de no ser súbditos, de no tener más sujeción a los demás que los demás a nosotros, de ejercer nuestra capacidad de ser libres sin que los demás nos la limiten más de lo que nosotros limitamos la suya en el pacto de reciprocidad que hace falta para la convivencia de todos.

Por eso, porque lo que nos hace iguales es ser por naturaleza libres, proteger la libertad es proteger la igualdad: las dos causas son inseparables. No en vano el conflicto de Nicaragua ha puesto al desnudo nuestra doble derrota: una carencia crónica de libertad y una herida honda de desigualdad. Derrota doble que es en realidad un solo fracaso, el fracaso de construir un Estado democrático. De ahí que sea imprescindible, para poner fin a nuestros ciclos perversos de violencia y miseria, proceder a construir dicho Estado.

El paso inevitable: Constituyente democrática y referéndum

Todo ser humano, en tanto que miembro de la sociedad, debe tener voz y voto en la estructura del poder político: en la construcción, y en la eventual reforma y reemplazo, de la dimensión legal de aquello que Rousseau llamó “contrato social”: la Constitución.

Para Nicaragua, esto implica que no puede haber libertad sin una nueva constitución, una constitución democrática; y no puede haber constitución democrática sin que el proceso mismo de la constituyente sea democrático.

Un proceso que podría resumirse en dos grandes pasos:

(1) Elección, en sufragio universal y libre, de representantes que preparen y propongan un proyecto de Constitución;

(2) Referéndum, en el que los ciudadanos aprueben o veten el proyecto.

Conviene, para asegurar la mayor libertad posible, que no se apruebe ningún proyecto de Constitución a menos que voten a favor de él dos tercios del electorado, o más.

Conviene, para que la constitución no sea un corolario del poder, sino su fundamento y límite, que se establezca una regla similar para reformas constitucionales: toda reforma debe ser aprobada en referéndum; ninguna debe ser aprobada a menos que voten a favor dos tercios del electorado, o más.

Constitución democrática: lo esencial

No basta que el proceso constituyente sea democrático. Es esencial cuidar que el contenido de la Constitución lo sea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la nueva Carta Magna debe estructurar el poder del Estado de manera tal que guarde la libertad del individuo ante las innumerables e inevitables amenazas que surgen en la selva humana.

El nuevo orden necesita satisfacer al menos dos requisitos:

Uno es no obligar al ciudadano a actuar en contra de su libre voluntad moral; no dictarle comportamientos que el individuo considere contrarios a los que tendría en ausencia de contrato social, a menos que dichos comportamientos infrinjan la libertad de otros.

El otro es crear un muro de contención que proteja a las minorías [políticas, ideológicas, étnicas, sexuales, religiosas, etcétera.] frente al poder de las mayorías. Sin esto, no es posible mantener el mecanismo por el cual la democracia se ratifica y rejuvenece periódicamente. Es esencial permitir que quien hoy no cuenta con el apoyo o aceptación mayoritaria tenga la oportunidad de procurarla, sin antes ser aplastado por la mayoría.

La implicación para Nicaragua es que hace falta:

• Abandonar la idea de que el fin último de una democracia es dar poder a la voluntad de la mayoría y convertirla en avasalladora voluntad general. La democracia es, necesita serlo para sobrevivir, bastante más que un mecanismo a través del cual la mayoría impone su voluntad en todo. La democracia necesita precisamente ser un sistema que delimite el poder de las mayorías, el peso de la voluntad general, e impida que esta invada totalitariamente todos los espacios.

• Adoptar la idea de que el sistema político debe tener como objetivo asegurar la libertad de cada ciudadano. No es esta solamente una aspiración ética, sino una necesidad vital, porque sin libertad para todos, termina habiendo libertad para muy pocos, si es que se puede llamar libertad al privilegio de los opresores.

El buen gobierno no es el que hace el bien

En la práctica, todo esto requiere que el ámbito de las decisiones privadas del individuo y la familia queden fuera del alcance del Estado. Requiere también abandonar otra idea: que la legitimidad de un acto de gobierno depende de si ese acto es moralmente bueno en la opinión de la mayoría. O, visto desde otro ángulo, que el gobierno actúa bien si lo que hace es bueno.

En un régimen democrático, el gobierno no actúa bien si hace el bien. Actúa bien si actúa con la mayor energía posible dentro de sus límites. Actúa mal, aunque haga lo que es visto a corto plazo como bueno, si rebasa los límites de su ámbito, e invade –aunque sea para bien—el ámbito de las decisiones privadas del individuo y la familia.

Un ejemplo: que la mayoría sea creyente, y considere el culto a Dios como bueno, no significa que el gobierno deba apoyarlo, por la misma razón por la que no debe atacarlo: porque pertenece al ámbito privado, al de la conciencia de los ciudadanos. Demás está decir que, generalmente, los gobiernos que dicen apoyar la religión lo que hacen es apoyarse en ella y eventualmente hacer el mal con ella, porque el uso de la fe religiosa en el proceso político tiene un rastro fatídico en la humanidad, y en nuestra propia historia. Es apenas una ilustración, entre muchas, del daño que ocurre cuando el Estado cruza la frontera e invade espacios en los que solo la conciencia de los individuos debe moverse.

Constitución democrática: bebé rodeado de coyotes

No basta crear una constitución democrática a través de una constituyente democrática. No basta establecer límites legales a la acción del gobierno. En Nicaragua la Constitución democrática es una criatura tierna y vulnerable que nacerá, si logra nacer, rodeada de peligros.

Para empezar, el de la experiencia centralista, autoritaria, y recientemente totalitaria, de la política nicaragüense.

Está también el de la desigualdad económica.

Le sigue el de una cultura acostumbrada, a pesar de mucho ruido revolucionario, al racismo y a la estigmatización de la pobreza (o al igualmente vil anverso, su glorificación demagógica).

Por último, en esta lista breve, el riesgo que procede de poderes externos, tanto políticos como económicos, cuyo interés fundamental no es otro—como es natural–que el de su propio beneficio, en ocasiones a expensas de nuestra libertad.

Una meta esencial: atomizar el poder central

Ante estos grandes retos los demócratas necesitan idear soluciones realistas, que reflejen la enormidad de los peligros y no asuman que los políticos “de la nueva era” van a ser un dechado de bondad, honestidad, e integridad: la prédica moralista no basta, y ya sabemos que “el hombre nuevo” no existe, o al menos nadie lo ha visto desde hace más de dos mil años.

Por tanto, hay que preocuparse de descentralizar –yo diría “atomizar” –el poder del gobierno. Y hacerlo de manera permanente, estructural, para que ningún gobernante de turno, por más popular o astuto que sea, logre entronizarse.

Este es un reto fundamental, de vida o muerte para la democracia, y de paz o guerra para la sociedad. No se trata de elegir un ‘buen presidente’, una persona ‘íntegra y competente’, sino de diseñar el sistema y dispersar el poder para que la democracia logre sobrevivir a quienes no lo son.

Una idea que se me ocurre (habrá muchas y mejores) es fragmentar el poder en gobiernos regionales que no dependan para su financiamiento del gobierno central. Otra es que no haya una Policía Nacional; que los cuerpos de policía dependan de gobiernos regionales y municipales, financiadas también a ese nivel.

Y en cuanto al ejército, reemplazarlo por fuerzas no militares, con mandos separados; y que se encarguen de funciones diferenciadas, tales como: cuido de fronteras terrestres, cuido de fronteras marítimas, cuido de recursos naturales.

Otra meta esencial: reducir la influencia del fuerte, apoyar el acceso del vulnerable

La desigualdad económica es un reto particularmente complejo, que merece, aun si se trata apenas de esbozarlo, de mucho más espacio del disponible aquí. Porque Nicaragua padece un caso extremo. Unas pocas fortunas nacionales son de nivel mundial, y su suma estimada equivale a un porcentaje del Producto Interno Bruto inusualmente alto. Convive tanta riqueza con un alto porcentaje de la población que apenas subsiste, y con una clase media pequeña, frágil, y sin muchas avenidas de progreso en una economía dominada por empresas familiares que son además de carácter monopólico u oligopólico.

La tarea doble es quitar poder político y económico a los grandes, facilitar la adquisición de poder económico y político a los pequeños, para ir cerrando la brecha, todo dentro de un régimen de garantías que asegure derechos, y de leyes que combatan privilegios.

La estrategia necesita incluir regulación, tributación, y un gasto masivo en educación de matiz ‘futurista’, es decir, que prepare a la población para el mundo actual, el de la globalización, la tecnología y la alta productividad.

Nada de esto es posible si simultáneamente no se educa en la igualdad de derechos ciudadanos, si no se fomenta la autoestima de la nación en la conciencia de sus niños, inculcándoles que son, independientemente de cómo lucen, de cuánto tienen sus padres en propiedades o en el banco, de si han nacido pobres o no, ciudadanos de una república que les pertenece. Trabajo difícil, evidentemente, pero necesario, y no imposible. Dicho sea de paso, la formación de esta nueva conciencia ciudadana debe apoyarse en leyes que combatan la discriminación.

Los pies sobre la tierra

Yo no me hago ilusiones: recorrer el camino desde donde hoy nos encontramos hasta una sociedad como la que nunca hemos tenido, libre y próspera, va a costar mucho trabajo y mucho sacrificio.

Con toda seguridad que los nicaragüenses sabrán mandar a la actual dictadura al museo de los malos recuerdos, pero lo más probable es que el proceso sea mediatizado por intereses que hoy en día son mucho más organizados y poderosos que el resto de la sociedad. Estos sectores tendrán, o creerán tener, la sartén por el mango al acabar el capítulo trágico que hoy se vive, y buscarán cómo preservar sus privilegios. Es probable que lo logren en el corto plazo.

Sin embargo, los demócratas necesitan tratar la transición hacia un gobierno no-dictatorial como apenas un primer paso en la construcción de la democracia sostenible. Porque si la desigualdad que es reflejada en los privilegios de unos cuantos no desaparece, tarde o temprano estaremos otra vez donde estamos hoy.

Por eso hay que poner sobre la mesa, debatir de la manera más inteligente, informada y amplia que se pueda, soluciones prácticas guiadas por el principio de que no puede sostenerse la libertad sin igualdad, ni la igualdad sin libertad.

Ese es el reto que me atrevo a lanzar desde mi pequeña esquina.