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El documento que circularon no dice nada sobre los crímenes de lesa humanidad ni sobre una investigación internacional a la dictadura de Daniel Ortega.
Negra nubazón afloja la escota y aprieta el timón.
Pablo Antonio Cuadra. Cantos de Cifar.
A pesar de la contundencia del informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet como responsable de la “Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”-OACDH, expresé por allí mis reservas sobre las expectativas sobre su informe de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, y el encuentro del próximo 13 de julio.
Y es simple, partiendo de la afinidad político ideológica de Bachelet con Ortega y con Luis Almagro, secretario reelegible de la Organización de Estados Americanos (OEA), un furibundo y nada convencional enemigo de Maduro, que llama a éste “un tirano y criminal” y a Ortega lo califica, a pesar de los contundentes informes de la CIDH de la misma OEA, como “un gobernante” que mantiene el control del sistema político.
Es poco probable que Bachelet transcurra en una vía más crítica que eso, en su informe sobre el régimen de Ortega y los derechos humanos. Así que como dice el maestro de Tarca en el epígrafe, «negra nubazón…»
La “actualización oral” a nombre de Bachelet remitida este 10 de julio 2019 por la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Kate Gilmore al Consejo de Derechos Humanos de la ONU refuerza esta aprehensión, la que paso a explicar:
El documento de actualización cita el balance represivo a un año de la masacre y del virtual golpe de Estado del régimen contra el sistema constitucional de Nicaragua: Muerte de más de 300 personas, 2,000 mil heridos y más de 70,000 personas exiliadas reafirmando lo que todos vivimos: “las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”.
La OACDH califica de “alentadoras”, pero no dice que han sido insuficientes en base al derecho interno, las excarcelaciones de 442 personas desde el 27 de febrero de 2019: 336 de ellas bajo otras formas carcelarias y 106 bajo la supuesta Ley de Amnistía. El régimen afirma que ya finalizó ese compromiso; sin embargo, hay más de 80 personas que continúan secuestradas en violación a sus derechos humanos y muy pocos cuentan con el respectivo documento judicial de liberación definitiva de cargos.
La carta «insta” a que “se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia” y claramente califica que «la Ley de Amnistía en su forma actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención Integral a las Víctimas”.
Positivamente, dice que «es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”.
La Oficina reporta que al menos ha habido otras 21 personas heridas desde el compromiso del Gobierno de restaurar derechos políticos. Desde mediados de marzo de 2019, más de 500 personas han sido prisioneras por participar en protestas en varias ciudades, aunque “permanecieron bajo custodia durante unas pocas horas y luego fueron liberados sin cargos”.
El informe “insta» de nuevo al régimen, “a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales” y asegura estar monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua, desde Panamá, desde su literal expulsión a fines de agosto de 2018.
Califica de “paso positivo» la hasta ahora desconocida información proporcionada por el Gobierno el cinco de julio de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y la participación del Ministro Asesor «del presidente” en una sesión de trabajo que tendrá lugar el 13 de julio en Panamá.
Como se nota, en este reporte de la oficina de Bachelet, no se dice ni pío sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos más de 300 asesinatos que a la ligera, menciona en su informe, ni sobre la necesidad de una investigación internacional cualificada, imparcial y profesional para la investigación de esos crímenes y el castigo a los responsables en la cadena de mando del régimen.
No es un buen panorama para garantizar el sumo imperio de los derechos humanos, la verdad y la justicia en Nicaragua. Como dije, seguiremos en estado de reserva sobre una defensa mas cerrada de los derechos humanos en Nicaragua, por parte de Michelle Bachelet y su oficina. Espero equivocarme en esta apreciación.
Más del autor en su blog.
