Presos políticos
En la protesta perdieron su libertad y ahora, en prisión, están perdiendo la vida porque el Gobierno les niega el acceso a la salud.
Si la Constitución Política de Nicaragua se respetara, quizás Carlos Brenes no seguiría en prisión. Roberto Cruz no habría tenido un infarto. Elsa Valle no habría tenido un aborto forzoso y Martha Gallegos no habría quedado ciega. La lista de presos políticos, que están o estuvieron, enfermos en las cárceles de Nicaragua es tan larga, que los defensores de derechos humanos afirman que “negarles el acceso a la salud” ya es otra forma de represión gubernamental.
“Las instituciones se coluden para recibir orientaciones y aplicarlas. Esas orientaciones violan la ley, pero eso no importa. Lo que importa es acatar esas orientaciones porque es lo que le conviene al actual Gobierno”, dice Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
A esto se le suma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni siquiera reconoce que en Nicaragua existen presos políticos. Ortega, la semana pasada, dijo que “los que están detenidos y juzgados en nuestros países (Venezuela y Nicaragua) son por delitos comunes”. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma que, desde abril a la fecha, hay al menos 400 presos políticos y que hasta ahora, ellos como organismo no han podido comprobar el estado de salud físico y psicológico de los reos.
Infierno en la Galería 16
De las celdas de la Galería 16, de la cárcel La Modelo, salen gritos de auxilio que casi siempre son ignorados. Hay cada vez que algún reo se desmaya, arde en fiebre o convulsiona. El 20 de septiembre pasado, cuando Roberto Cruz tuvo un infarto, también los hubo, pero las autoridades del penal continuaron haciéndose los sordos.
“A él le dio un infarto a causa de un problema de presión que no tenía antes de que los secuestraran y a la fecha no ha recibido una atención médica debida”, cuenta su esposa Maskel Hernández.
El día que a Roberto, de 34 años, le dio el infarto, fue un compañero de celda, que es médico, quien le dio reanimación. Después entre todos los reos lo cargaron hasta el portón principal de la galería y allí esperaron a que las autoridades del penal llegaran a revisarlo. Sin embargo, cuando llegaron solo le tomaron la presión y le dijeron que se regresara a su celda.
Un mes después de eso, Dilon Zeledón, un preso político que está en el módulo uno de la Galería 16, convulsionó a acusa de una golpiza que le dieron los guardas de La Modelo. Y como ninguno de los reos se atrevía a pedir auxilio – porque días antes habían castigado a quienes lo hacían- Roberto fue socorrerlo a pesar de las advertencias.
“A él se lo llevan hace como un mes a una celda de castigo por pedir ayuda para Dilon, otro de los muchachos detenidos en Matagalpa”, dice su esposa.
La salud de Roberto Cruz ha empeorado mucho desde que lo detuvieron el 26 de junio en Matagalpa. Ese día le golpearon tanto que, hasta la fecha, no puede alzar los brazos, a eso se le suma las malas condiciones en las que está en la cárcel, el infarto que tuvo y una parálisis del cuerpo que le dio después. Aunque su abogada ha pedido que sea revisado por un médico forense, en el penal no han acatado esa solicitud.
“Ustedes no tienen derechos”
La situación precaria en la que viven los reos en el Sistema Penitenciario Nacional no es nueva. Sin embargo, el ensañamiento hacía los presos políticos es evidente, afirma Pablo Cuevas, de la CPDH. Pues desde que estos son detenidos y llevados a las cárceles les dicen: “ustedes no tienen derechos”, “aquí mandamos nosotros”.
Según cuentan las familias de algunos reos políticos cuando estos son detenidos no les explica la razón de su aprensión y muchas veces los golpean.
Los penales tampoco cumplen con las condiciones mínimas para garantizar la calidad de vida de los presos. En la cárcel de varones, La Modelo y en la de mujeres conocida como La Esperanza, hay “hospitalitos”, pero estos no cuentan ni con el personal adecuado ni con medicinas para atender a los reos.
“Allí solo recetan acetaminofén, que los presos le llaman jocosamente como “la milagrosa” porque para cualquier dolencia es lo único que recetan. Esa es la realidad dentro de la prisión”, dice Cuevas.
Y aun cuando los familiares de los presos les llevan las medicinas, en las cárceles pocas veces las reciben. Norma Chávez, esposa de Juan Francisco Guevara, el profesor de Ticuantepe que fue arrestado el cuatro de septiembre pasado, asegura que no le han querido recibir las medicinas que él necesita.
“Él tuvo un accidente hace dos años y quedó lisiado del hombro. Siempre está con dolor, más cuando hace frío o está en un lugar helado. Allí en la cárcel me dijo que le ha estado doliendo porque duerme en una loseta. Yo le había tratado de meter medicamentos pero no se lo pasan”, dice Chávez.
Juan Francisco, de 43 años, está en una celda de máxima seguridad. Se encuentra aislado, encadenado de pies, manos y cuello; y ni siquiera recibe sol, asegura su esposa. Ha perdido peso y está pálido. La última vez que lo llevaron al patio para que –supuestamente- recibiera sol, se dio cuenta minutos después que era solo para que tomaran fotos.
“Él teme que le hagan algo en la cárcel. Dice que no lo están golpeando, pero si lo tratan mal psicológicamente. Los tratan como lo más último. Le dicen ofensas”, afirma Chávez.
Las enfermedades que más padecen los reos son estomacales o de riñones. Esto podría deberse a que el agua que toman en prisión no cumple con los requisitos mínimos de salubridad y los familiares solo tienen permitido llevarles seis litros de líquidos a la semana. En los alimentos que les proveen, muchos presos narran a sus abogados, que han visto patas de cucarachas y colas de ratones.
Hace unas semanas varios organismos de Derechos Humanos denunciaron las malas condiciones que tienen los presos políticos y a causa de esas denuncias, el Gobierno implementó brigadas médicas en los penales de La Modelo y La Esperanza.
Según publicó el medio oficialista El 19 Digital: «En la clínica del Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) Tipitapa, personal médico del Instituto de Medicina Legal, garantizó valoración médico-legal a 12 presas terroristas y golpistas».
Abortos en prisión
Aunque en Nicaragua está prohibido el aborto. En las cárceles de mujeres públicamente se han sabido de al menos dos jóvenes que han abortado en prisión. La primera en denunciarlo fue Elsa Valle.
Según denunció a medios de comunicación, ella no sabía que estaba embarazada, pero tenía sospechas, por eso solicitó en el penal en varias ocasiones que se le realizarán una prueba. Y cuando le realizaron el examen, un mes después que llegó a la cárcel, le dijeron “que dejara de estar de loca que yo (Elsa) no estaba embarazada”.
Valle fue liberada el 27 de septiembre y días después fue a una revisión médica con un ginecólogo y allí confirmó que estuvo embarazada y que tuvo un aborto sin que ella se diera cuenta.
Alejandra Castillo, quien estuvo presa en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, también sufrió un aborto. Ella estuvo 23 días continuos de sangrado sin que las autoridades le brindaran atención médica. Fue trasladada de emergencia al Hospital Bertha Calderón el 19 de octubre. Allí le dijeron que había tenía un aborto incompleto. Un día después fue puesta en libertad.
De todas las presas políticas que están en La Esperanza quienes están en mayor estado de grave son Brenda Muñoz, quien padece de cáncer y Cindy Castillo, quien padece de cálculos biliares.
Según denuncia su cuñada, Meyling Flores, a Cindy le dan unos dolores tan fuertes que “le da vómito, le da taquicardia, siente que le falta la respiración. Incluso, varias veces se ha desmayado del dolor y allí (en la cárcel) solo le saben dar una pastilla que dice que la droga”.
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Castillo, de 25 años, está detenida desde mayo hasta ahora. Los primero cuatro meses estuvo detenida en la cárcel de Granada y desde septiembre está en La Esperanza. Su abogado ha pedido en varias ocasiones que sea llevada ante el forense para que sea examinada, pero hasta ahora han hecho caso omiso.
“Según la Constitución Política de Nicaragua nuestro sistema penal es humanitario, respeta los derechos humanos y las sanciones penales no tiene como objetivo castigar, sino que a través de un método científico propiciar el cambio de conducta. O sea cuando alguien es condenado, no es que va castigado por haber hecho algo malo”, explica Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH.
Cindy le ha pedido a su cuñada que pida en el hospital de Granada, donde estuvo hospitalizada, una epicrisis, pero se la han negado alegando que el trámite debe ser personal.
«Ella teme por su vida. Ella me dice: ‘me van a sacar muerta de aquí porque uno está con el dolor y aquí no le hacen caso a nadie'».
Y los daños permanentes a la salud también los sufren quienes son detenidos en las estaciones policiales. Martha Gallegos, tía de Julio César Espinoza, el antimotín que está siendo enjuiciado por terrorismo, perdió la vista porque el día que la arrestaron también se la llevaron a ella y como padece de diabetes, de la impresión se le subió el azúcar y quedó ciega.
«Yo hoy no miro. Yo hoy estoy ciega. Ya no miro nada. Esa vez que me llevaron detenida se me subió a 600 el azúcar porque allí me tenían (en un interrogatorio) para que yo dijera que el padre (de Las Esquinas) se había robado la computadora. Ellos querían que yo dijera el nombre del padre y yo ni sabía el nombre del padre», dice entre lágrimas Gallegos.
Burocracia reina en prisión
Otro de los problemas que se suma a esta lista de deficiencias del Sistema Penitenciario de Nicaragua es la burocracia. Si bien los reos que tienen enfermedades crónicas no reciben sus medicamentos, hay otra cantidad de presos que esperaran durante meses para que los lleven ante una especialidad.
“Nosotros pedimos que el interno sea llevado al médico forense. Entonces el juez oficia a la autoridad que tiene la custodia para que sea llevado. Pasan días y no lo llevan. Entonces el abogado vuelve a pedirle al juez que envie un oficio para que lo lleven. Y no lo acatan. A veces hay que hacer tres o cinco pedimentos. De allí a que la autoridad que tiene en custodia al interno decide acatar lo mandado por el juez han pasado muchos días. A veces pasan meses y si el ciudadano no se muere, su salud se va deteriorando”, explica Pablo Cuevas, asesor de la CPDH.
Asimismo, pocas de las veces que el juez le pide una valoración médica al forense para determinar si la persona puede enfrentar o no un proceso en la cárcel, el forense dice que la persona está en condiciones aun cuando no sea cierto.
“Hay personas mayores que son presos políticos que tiene serias afectaciones que si nos atenemos en estricto derecho no deberían estar en situación carcelaria, pero siguen presos. (…) En muy poquísimas ocasiones el forense resuelve que no puede estar en condición carcelaria porque tienen instrucciones que no determinen esa situación”, reitera.
Ese es el caso del mayor en retiro, Carlos Brenes, quien tiene 63 años y padece de nueve enfermedades crónicas. Entre ellas diabetes, hipertensión y también un médico le diagnosticó «síntomas de Parkinson». Él fue arrestado por miembros del Ejército el 28 de agosto en Peñas Blancas.
“Él iba a Costa Rica entre cosas a hacerse su chequeo médico y al siguiente día que lo presentan donde el juez, su abogada pide que se considerado reo valetudinario y que lo mire Medicina Legal. El juez da la orden al Sistema Penitenciario para que lo revise un médico y desde el 29 de agosto no lo ha revisado un médico”, explica su hija Telma Brenes.
Por las múltiples enfermedades que padece Brenes necesita tomar cinco medicinas por día y aunque en el penal le han recibido los medicamentos que le lleva la familia a él se los dan cuando quieren o no se los dan completo. Según cuenta su hija, desde hace meses tenía problemas para dormir y por eso tomaba lorazepam y ahora que está detenido, además de estar aislado y de no recibir sol, tampoco le dan esa pastilla para conciliar el sueño.
“Yo tengo total desconfianza del sistema. Arnoldo Alemán fue considerado reo valetudinario cuando tenía menos de 50 y me parece injusto que mi papá que tiene 63 años y nueve enfermedades crónicas ni siquiera lo haya visto un médico para saber su condición, lo que demuestra que el sistema judicial no garantiza la salud de los detenidos”, dice indignada.
