Presos políticos
Sin ser condenados, más de trescientas personas están detenidas en las cárceles del país. Están aisladas, sufren torturas y sus familias apenas pueden comunicarse con ellos.
En una celda de la cárcel La Esperanza, Elsa Valle se desahoga escribiendo poemas y cartas, que quizás nunca saldrán de esas paredes. La última vez que quiso darle uno de sus poemas a su papá se lo rompieron. En La Modelo la historia es igual. Después que varios presos filtraron una carta en la que decían que harían huelga de hambre, muchos fueron torturados y desde entonces, cada que tienen visitas les revisan hasta las chinelas.
Hace unos días, la mamá de uno de los muchachos detenidos de Matagalpa, que está en La Modelo, quiso entregarle un par de cartas que le escribieron sus hijos, un niño de nueve años y una niña de siete, pero al tratar de ingresarla le dijeron “no, eso no pasa”. Se las arrebataron y se las rompieron.
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Y es que en las cárceles los reos comunes tienen más derechos que los presos políticos, que aún están en proceso judicial. Los encarcelados por el régimen de Daniel Ortega no tienen derecho a llamar a sus familias para avisarles cuando tendrán días de visitas, solo una vez a la semana reciben paquetería, no los sacan al sol, sufren torturas y varios de ellos han sido trasladados a celdas de máxima seguridad sin ninguna explicación. Allí las restricciones son más severas.
Al hijo de Brenda Gutiérrez, Rodrigo Espinoza, quien es miembro del Movimiento 19 de Abril de la Upoli, lo trasladaron de la galería 16, donde están todos los presos políticos, a las celdas de máxima seguridad. Desde entonces solo ha podido verlo a través de un cristal, con dos guardas detrás de él y uno detrás de ella. Ha hablado con él por un teléfono, pero no sabe si están grabando lo que se dicen. Su hijo tiene medidas cautelares, pero eso solo ha empeorado su trato en prisión.
Detenciones ilegales
A eso de las seis de la tarde del 11 de julio del 2018, tres camionetas Hilux llenas de paramilitares acorralaron el vehículo en que iban Hansel Vásquez, Rodrigo Espinoza y Marlon Fonseca, todos líderes el Movimiento 19 de Abril de la Upoli. Los bajaron del carro, los desnudaron y les pegaron. Después los llevaron a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, y allí siguieron golpeándolos e interrogándolos. Nunca les dijeron que tenían derecho a guardar silencio, ni que podían hacer una llamada. Sus familiares se enteraron que estaban allí por las redes sociales.
Las madres de los tres jóvenes detenidos pudieron verlos unos minutos hasta que fueron llevados a una audiencia preliminar en los juzgados, pero incluso ahí se seguían violando sus derechos.
“Llegamos a los juzgados como a las diez de la mañana porque nos dijeron que habían llevado a los muchachos, pero fue hasta las dos y media de la tarde que nos llamaron y nos metieron a una sala. Nos quitaron las cédulas, los teléfonos y nos dijeron: tienen tres minutos para saludarlos”, recuerda Lilian Ruíz, mamá de Hansel.
En ese momento lo primero que hicieron fue abrazar a sus hijos, pero casi de inmediato vieron que a la sala estaban entrando varios medios oficialistas. Los abogados les pidieron que se salieran y entonces los oficiales de la Policía les dijeron: “sálganse, pero se me salen los familiares ya”. Lilian solo pudo abrazar a su hijo y este alcanzó a decirle “estoy bien mama, no te aflijas que estos no me pueden doblegar”. Ella se fue destrozada.
La siguiente vez que lo vio ya fue en La Modelo. La llevaron a una sala pequeña donde había siete mesas y en una estaba su hijo. Ella corrió a abrazarlo y se sentó a platicar con él, por la emoción en primer momento no se percató que la mesa donde estaban sentados estaba rodeada por tres policías y que en la sala había un guarda filmando.
Violaciones a los derechos de los detenidos
Los abogados tampoco tienen suficiente tiempo para conversar con sus defendidos, pues cuando les permiten platicar con ellos, siempre hay un policías escuchando la conversación.
“Yo como abogado tendría que poder hablar con mi cliente, pero estando allí tengo que estar peleando y le tengo que estar diciendo (al policía) respete, sepárese porque la conversación es privada y, sin embargo, él no hace caso. Entonces el juez le dice ′mire al menos eche un paso atrás′. Entonces la persona tiene que secretearme al oído”, lamenta Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Las detenciones hacia quienes han participado en las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, en su mayoría han sido ilegales, y se han violado sus derechos desde que son apresados y empeoran cuando son llevados a las cárceles nacionales.
“Desde el momento en que una persona se detiene para un tipo de investigación se le debe poner en conocimiento que está siendo investigada, se le debe informar a los familiares por medio de una llamada telefónica, debe ser remitida al Instituto de Medicina Legal para que sea chequeado, se le debe hacer saber su derecho constitucional de guardar silencio, y eso tampoco se hace, más bien se les hace grabar videos diciendo que son responsables”, señala Montenegro.
La cárcel
Antes de también ser detenido, Carlos Valle, papá de Elsa Valle, vio a su hija en la cárcel La Esperanza. Estaba más delgada y tenía una lesión en el pie que no le habían chequeado. Ese día ella sacó un cuaderno y se puso a escribir una carta donde denunciaba todas las torturas y maltratos que estaba viviendo en la cárcel, pero cuando él trató de irse una de las celadoras le exigió que le diera el papel y lo rompió.
Según alcanzó a decirle su hija, de 18 años, dentro de la cárcel la golpean y la insultan y aunque su abogado ha solicitado que sea revisada por el Instituto de Medicina Legal, porque ella padece una enfermedad que es antesala a la leucemia y se presume que está embarazada, fue hasta el 21 de septiembre que fue trasladada de urgencia al hospital Yolanda Mayorga de Tipitapa por la lesión en el tobillo.
El martes 18 de septiembre, se supone que él llegaría a verla, pero tres días antes la Policía Nacional se lo llevó, cuando él participaba en una manifestación y ahora lo están acusando “por los delitos de terrorismo, tortura, amenaza y lesiones en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense”, dijo el comisionado mayor, Fiarle Roa Traña a medios oficialistas.
Irlanda Jerez también está detenida en La Esperanza. A ella la arrestaron el 18 de julio pasado después de salir de una conferencia de prensa donde anunciaban la formación de la Unión Azul y Blanco. Tres días después la trasladaron a la cárcel La Esperanza por un caso que no tiene que ver con las protestas. Sin embargo, ella está recluida junto a las demás presas políticas.
“A ella no la habían amenazado con eso caso, nosotros sabíamos que existía, pero no imaginamos que los usarían porque ella tenía un amparo y ese amparo desapareció del sistema judicial. La habían amenazado de muerte, le decían que le iban a quemar su casa. Incluso, le tiraron una bomba de contacto frente a su casa”, dice Daniel Esquivel, pareja de Jerez.
Mensaje desde la prisión de mi mamá. Con su puño y letra escribió esto y se lo entregó a su pareja el día de visita. Les tienen miedo, y el gobierno hoy lo confirma aún más con la detención de 6 personas inocentes. pic.twitter.com/GYuaOHZBrq
— Starina Jerez (@starjerez06) 5 de septiembre de 2018
En la prisión Irlanda ha podido escribir dos cartas en las que denuncia las violaciones a los derechos de los privados de libertad, pero solo han podido sacarlas a escondidas porque si las descubren, las guardas de seguridad se las rompen. Ella tampoco puede recibir cartas. Su pareja Daniel Esquivel y su sobrino le escribieron dos cartas, pero cuando ella regresó a su celda se las quitaron.
Su hija Starina Talavera, que se fue el país por seguridad, conserva con mucho recelo una nota que su madre logró escribir dentro de un libro.
“Podrán tener prisionero mi cuerpo, pero jamás mis pensamientos, mi espíritu… Ahora más que nunca son más libres” escribió su mamá.
Gobierno solo reconoce 204 presos políticos
Para el régimen de Ortega desde el 18 de abril a la fecha solamente han detenido a 204 personas, de las cuales siete ya están condenadas, entre ellos: los jóvenes creole Brandon Lovo y Glen Slate, acusados del asesinato del periodista Ángel Gahona, y cuatro promotores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El resto, dijo el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, son detenidos en proceso judicial.
Sin embargo, el asesor legal de la CPDH, Julio Montenegro, calcula que la cifra real de presos políticos fácilmente podría duplicar y hasta triplicar la cifra que admite el Gobierno.
La semana pasada el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trató de hablar con las autoridades del Sistema Penitenciario de Nicaragua y quiso visitar las cárceles para conocer la situación de los presos políticos, pero el Gobierno le negó el acceso. Según dijo, durante su primera visita al país, en mayo de este año, sí tuvo acceso a las prisiones.
“Los consultados golpistas”
En la cárcel «La Modelo» a los familiares de los presos políticos les dicen «los consultados golpistas». Los hacen esperar por varias horas para entregar paquetería y les cambian los días y horas de visitas. Hay muchos que ni siquiera han vistos a sus detenidos. Les dicen que ellos llamarán cuando tengan día de visitas, pero son llamadas que nunca reciben.
La mayoría de detenidos están en la Galería 16, allí están alejados de los otros reos y en las madrugadas se oye cuando abren el portón y se llevan a interrogar alguno, cuentan.
El jueves pasado, Brenda Gutiérrez, mamá de Rodrigo, esperó por casi seis horas para entregarle a su hijo un paquete con galletas, comida, jugos y otros víveres. Espero junto a cientos de familiares de los demás presos políticos y cuando por fin la atendieron le dijeron que solo podía ingresar tres litros de líquidos (agua, jugos, gaseosa) y una semana anterior le recibieron seis litros.
A Lilian Ruíz, mamá de Hansel Vásquez, lo que más le duele ver cómo le revisan la comida que le lleva a su hijo. Le destapan las gaseosas para que se les salga el gas, la comida se la pinchan y ha visto como los guardas meten la nariz en las bebidas que su hijo luego se tomará. La semana pasada trató de llevarle una bolsa de mamones chinos y no se lo dejaron pasar.
“Hay personas que cuando te están revisando la paquetería son demasiado crueles. Un día me destaparon unos gatorades y después el guarda estaba pegándole toda la nariz. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué privar de ese derecho al muchacho, si él ya está privado de su libertad?”, se lamenta Ruíz.
