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El tiempo, y la nueva postura flexible del presidente Sebastián Piñera, no detienen las multitudinarias protestas en Chile, mientras que a lo largo de Latinoamérica se define el futuro de la región.
Años de descontento estallaron un día con las protestas en Chile, haciendo ver que la casa, bajo la alfombra, guardaba polvo. Chile fue considerado durante décadas como un “oasis” económico, pero en el fondo coexistían severas desigualdades sociales. “Se mostraba al mundo en esa condición, pero nunca se observó que la vida cotidiana de la población era muy compleja”, explica el sociólogo chileno Alberto Mayol, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile.
Esa “complejidad” podía observarse en ejemplos cotidianos, como la adquisición de bienes y servicios. “Es difícil para las clases medias vivir en Chile, el precio de la vivienda se creció mucho. Hay demasiados defectos en una sociedad de carácter desarrollado”, sintetiza. Y estos efectos no se empezaron a ver hace un año. Ni siquiera hace una década.
Mayol explica que desde 1998 diversas investigaciones arrojaron problemáticas entre el proceso de modernización y su interacción con la sociedad. En 2009, el académico participó en un estudio donde se demostró que el nivel de desarrollo chileno estaba desvinculándose con la justicia y la sociedad.
“El sistema jugó usando una cuenta corriente que no existía, hasta que finalmente entró en una situación de imposibilidad de funcionamiento, y esta es la clave del asunto”, explica el experto.
La tarifa del metro solo encendió la llama
Para Alberto y los miles de chilenos que llevan semanas en las calles, el alza a la tarifa del metro es solo la punta del iceberg. Era predecible que, tarde o temprano, la olla de presión estallaría. “Han habido protestas en muchas ciudades que no tienen metro, así que esto te demuestra que hay algo más de fondo”, agrega Mayol.
Chile cuenta con los costos más elevados de transporte público en la región, a partir de los ingresos de sus ciudadanos. Esto se traduce en que el alza del metro conllevaría a un gasto del treinta por ciento del salario de los sectores más bajos de la población. Pero, más allá de eso, se esconden décadas de “desvinculaciones” entre el crecimiento económico y las posibilidades adquisitivas de los chilenos.
Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Sebastián Piñera, presidente de Chile, para paliar las protestas fue desplegar a militares y policías uniformados y decretar estado de excepción. No obstante, esto no frenó las manifestaciones que ya llevan dos semanas ininterrumpidas.
La segunda fase vino tras el “perdón” del presidente. Piñera anunció un combo de programas sociales como el aumento de un 20 por ciento de las pensiones, hizo cambios en el Gabinete, pero aun así sus acciones lucen ineficientes para controlar el malestar social. De igual forma, la oposición chilena se ve en crisis, pues la élite política del país sudamericano ha perdido confianza. Así lo cree Lucía Dammert, socióloga y especialista en temas de seguridad.
“Mucha gente que está reclamando no se siente representada por la oposición ni por el Gobierno”, explicó la académica en una entrevista vía telefónica.
Pero, más allá de eso, predomina la inconformidad hacia “un modelo inequitativo”. “Se ha tratado de presentar la idea de que la gente con su esfuerzo y emprendimiento va a salir adelante, pero los costos de la vida son muy altos para un porcentaje importante de la población”, acentúa Dammert como la raíz del problema.
Los militares en las calles, una medida “apresurada”
Es la primera vez que se decreta un Estado de Excepción desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990. Las fuerzas policiales y militares abrieron una herida que a muchos hizo recordar a los 17 años de la dictadura militar, entre 1973 a 1990. Para Lucía Dammert, fue una respuesta apresurada y Piñera quemó este último recurso demasiado rápido.
“Para un porcentaje importante de la población es un retroceso en términos democráticos”, señaló la experta.
A la lista de demandas sociales que exige la población, ahora se suma un nuevo reclamo: ¿cómo se investigará y castigará a aquellos que hicieron un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes?
Amnistía Internacional denuncia torturas y violencia sexual en Chile
La investigadora del organismo, Pilar Sanmartín, revela un dato alarmante: al menos 140 personas han perdido la vista como consecuencia de la represión durante las protestas. #Chile #DDHH #AI (cvm). pic.twitter.com/XEGgADQSEg
— DW Español (@dw_espanol) October 30, 2019
Hasta la publicación de este artículo se calcula que han muerto 20 personas, y hay más de 1200 heridos y 3700 detenidos. Las jornadas también han estado marcadas por algunos hechos de violencia, como saqueos y quemas a edificios. De las 136 estaciones de metro, 118 fueron dañadas, 25 incendiadas y siete quemadas.
No obstante, la gran mayoría de la población chilena ha optado por expresiones pacíficas. El 25 de octubre más de un millón de personas se convocaron en la Plaza Baquedano, uno de los puntos neurálgicos más importantes de Santiago. La protesta fue bautizada como “la marcha más grande de todas”.
Pese a los combos sociales anunciados por Piñera y el llamado al diálogo, los chilenos que se manifiestan buscan reformas más profundas. “El Gobierno vive una situación muy compleja porque tiene que reformarlo todo, y eso para ningún Gobierno es muy sencillo, estamos hablando de un proceso de reforma total”, asegura Mayol.
Banco Mundial reconoce insuficiencia
Las políticas liberales para impulsar el crecimiento económico de Chile no han sido «suficientemente inclusivas» y requieren un «nuevo análisis», aseguró Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial (BM) para Latinoamérica y el Caribe.
Dicha entidad admitió a finales octubre lo que muchas analistas políticos venían advirtiendo durante décadas: la evidente desigualdad entre el modelo económico y las dinámicas de la población chilena.
«Es visible que para partes, segmentos de población, el crecimiento no ha sido suficientemente inclusivo y lo que estamos viendo son demandas de un crecimiento más inclusivo», señaló en un evento en la Casa de América de Madrid sobre las protestas que han tomado las calles de la capital chilena, Santiago, y de otras ciudades del país.
Como ejemplo de retos, Rama mencionó el de mantener los gastos en salud y el sistema de jubilaciones de una manera que sean «viables financieramente» y «socialmente aceptables». Ese equilibro, agregó, es más complejo en un momento en que la economía no está creciendo tanto como en un pasado reciente, y de precios elevados de las materias primas.
«El ingreso no es igual. Mantener o ajustar (esos gastos) es tremendamente difícil», dijo al referirse a las recientes protestas también ocurridas en Ecuador.
El descontento se extiende por América Latina
A pesar que el foco principal se encuentra en Chile, debido a que las manifestaciones siguen en su punto álgido, América Latina se ha visto estremecida en las últimas semanas por una serie de crisis y demandas sociales. El descontento social ha predominado en las manifestaciones que han habido en Ecuador, Bolivia, Honduras y Haití.
Este estallido latinoamericano se une a la actual protesta global con características propias: denuncia de una escandalosa desigualdad, estancamiento económico y descrédito del sistema democrático.
Una reciente publicación del Barómetro de las Américas reveló que solo el 57,7 % de los ciudadanos de la región apoyan la democracia como mejor forma de gobierno, una cifra que ha disminuido diez puntos en los últimos seis años. Ante esta situación crítica, los analistas se preguntan con preocupación ¿hacia dónde va Latinoamérica?
A esto se suman las profundas crisis de gobernabilidad de Nicaragua y Venezuela, cuyos regímenes parece enquistarse en el poder a pesar de las demandas de la población.
Corrupción en la mira
«No es un panorama esperanzador, por lo menos a medio plazo», afirma la politóloga y expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que considera que no debe sorprendernos la agitación en las calles.
La rabia de las protestas no se ha alimentado solo del estancamiento económico o la ceguera política. Para el jurista peruano José Ugaz, «la corrupción es un factor fundamental en el descontento que se vive en la región».
«En Ecuador, los ajustes de tarifas tienen que ver con prácticas corruptas que se le imputan al expresidente (Rafael) Correa y su gobierno; en Guatemala, Honduras, Perú y Brasil, las crisis por escándalos de corrupción ha sido mayúsculas. Lo que está ocurriendo en Chile tiene que ver también con la falta de legitimidad de las Fuerzas Armadas y carabineros a raíz de graves casos de corrupción que han sido ventilados recientemente», explica.
Chinchilla también resalta el cansancio social ante esta lacra: «la obscenidad de la corrupción en el continente, que se lleva destapando en estos años, empuja a la gente a buscar el cambio sin importar que sea izquierda o derecha».
(Con información de EFE)
