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Las cámaras empresariales que participan en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se suman a un paro nacional en Nicaragua de 24 horas.
Nicaragua ha convulsionado política y socialmente desde el 18 de abril. A casi 90 días de protestas, la represión y el asesinato de más de 300 personas a manos de la Policía y las fuerzas de choque adeptas al Gobierno, han hecho que la ciudadanía se desborde en las calles y desde las redes sociales para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega.
El «paro ciudadano» que en un momento estableció cerca de 140 tranques en las carreteras, liderado por el movimiento campesino y las comunidades autoconvocada, marcó las pautas para nuevas medidas de presión al gobierno, como es el paro general del país, que fue realizado por 24 horas el 14 de junio donde se sumó el gran capital.
A un mes de esa acción y con un saldo duplicado de muertos, La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó nuevamente a un paro nacional de 24 horas para el viernes 13 de julio. Sin embargo, diferentes sectores sociales minimizan el impacto de este por su duración y demandan un paro general indefinido o escalonado que haga mayor eco y presión al gobierno de Daniel Ortega.
Los paros en 1978 y 1979
Para el académico e historiador Carlos Tünnermann, un paro general en estos momentos es “una experiencia inédita”. Aunque han sucedido otros en el pasado, “no han sido totales”, y las condiciones son diferentes: para tiempos de Somoza había una lucha armada, mientras ahora “es una revolución cívica”, explicó.
Ilustración: Juan García. Niú
El historiador Bayardo Cuadra relató que en Nicaragua han existido paros sectoriales, dos de ellos en 1978. La conmoción social que produjo el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, director del Diario La Prensa causó el primero de ese año. Fue un paro “espontáneo” que duró 29 días. La ciudadanía se alzó en protestas, que después fueron apoyadas por el gremio empresarial.
El segundo tardó 39 días, y se realizó después del asalto al Palacio Nacional y la insurrección popular de diferentes ciudades del país en septiembre. Sin embargo, la suma de ambos paros en el mismo año, no sacó del poder a Somoza. El último paro fue convocado el 4 de junio de 1979 y duró 46 días, hasta que la insurrección popular liderada por el Frente Sandinista, con la acción militar, derrocó al régimen el 19 de julio.
A diferencia de ese contexto histórico, el país vislumbra hoy escenarios nuevos como las protestas ciudadanas pacíficas, con centenares de tranques y barricadas, la organización de los barrios y la desobediencia civil, que anteceden al paro empresarial para reconocer su impacto.
Paro empresarial: Una medida extrema
El paro empresarial es la interrupción de todo tipo de actividad económica de parte de los sectores afiliados a los gremios. En él participan negocios y fábricas de producción de bienes, comercios, bancos, restaurantes, centros de recreación, transporte público o privado y servicios comunales y personales. «Pero no se paralizan las empresas que son vitales para la población como las generadoras de energía eléctrica y suministradores de agua potable», aseguró el economista, Néstor Avendaño.
Hace más de una semana, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo al diario El País que no deben crearse falsas expectativas en relación a esta medida. «El paro por sí solo no es una llave mágica que va a detener la represión ni va a hacer que el Gobierno, en el momento en que se diga que hay paro, se va a subir en un avión«, sentenció.
¿Quiénes resultan afectados? Los afectados, principalmente, son los empresarios, los empleados y el Gobierno. Cada uno deja de percibir ingresos y aunque perjudica primero a la población, esta medida se convierte en “arma de presión política”, cuando el Estado comienza a sufrir los estragos de la caída de sus ingresos tributarios. Para el economista Néstor Avendaño, “el Gobierno entra como en un letargo, sin recursos”. Para Avendaño, el centro de todos los efectos de un paro se mide a través del Presupuesto General de la República (PGR).
Un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), proyecta pérdidas de 3.7 millones de dólares en actividades económicas por cada día de crisis en el país. Con dos meses en esta situación, le tomará al país cerca de un quinquenio recuperarse, y con un paro empresarial indefinido se necesitará aún más tiempo, explicó Avendaño.
Utilizar el paro, “que puede ser muy contundente”, puede hacerle mucho daño a la economía, explicó el economista Mario Arana, en el programa televisivo Esta Noche. Para él, esa decisión “debe tomarse con mucha frialdad». «La fuerza que le atribuyen al paro empresarial, en realidad no se sabe si la tiene, la hipótesis es que no necesariamente la tiene”, enfatizó.
“Aquí hubo paros en la época contra Somoza, y no resolvieron la caída de Somoza en ese momento”, reiteró Arana.
Por otra parte, Julio Francisco Báez, experto en Derecho Tributario difiere de la idea de que esa medida no funciona: “el paro es una herramienta más en la lucha, no es que el paro bote, el paro suma en la acción nacional para superar esta situación de ingobernabilidad”.
Por ahora, la Alianza Cívica ha convocado a un paro general de 24 horas, para evaluar los resultados, y no a un paro general indefinido.
El paro ciudadano: los tranques y barricadas
Francisca Ramírez, popularmente conocida como “Doña Chica”, líder del Movimiento Campesino, afirmó que el gran capital “tiene una deuda con el pueblo”, porque en once años mantuvieron una alianza con el Gobierno y en ese tiempo “solo han pensado en el dinero”.
“Hoy ellos también están en problemas. El gran capital tiene que hacer una alianza con el pueblo, para proteger ellos sus bienes y el pueblo proteger sus vidas”, propuso la líder en una entrevista en el programa televisivo Esta Semana.
Las calles de León amanecieron desoladas este martes. La convocatoria a un paro general en esa ciudad por parte de diferentes sectores de la sociedad civil, marcaron el preámbulo de un paro general de 24 horas en el país.
Pero antes que se sumaran los empresarios de León, miles ya se habían autoconvocado en las redes sociales para marchar, hacer plantones, levantar barricadas y cerrar las principales carreteras del país como expresiones de protestas pacíficas de un paro ciudadano.
Los tranques son «algo nuevo”, algo que no ocurrió en los tiempos de la dictadura somocista, y que ahora han servido como puntos de organización popular, sin líderes, cada uno con su propia autonomía. Para “Doña Chica”, los tranques son una manifestación cívica que ayuda a que el mundo “se entere de los asesinatos y la masacre que está haciendo el Gobierno”.
Los primeros tranques fueron levantados por campesinos en Nueva Guinea y El Tule. Pese a la intención del Gobierno de desarticular cualquier medida de presión en su contra, en menos de 48 horas el número de tranques aumentó de 87 a 125, el pasado sábado. Dos días después, Managua despertó con el ataque a las barricadas en los barrios orientales de la ciudad y este martes, Jinotepe, Diriamba, El Crucero, se enfrentaron también a la represión policial y paramilitar que buscaba, a toda costa, botar los tranques instalados.
“El Gobierno sufre una gran presión de Estados vecinos, nosotros somos un pasadizo del comercio internacional”, explica el sociólogo Cirilo Otero.
Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic), aseguró que hay cerca de 6,000 camiones cargados de mercadería varados en el interior del país. Por eso, los camioneros pretenden “trancar» Nicaragua en protesta por los transportistas atrapados en el territorio.
Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, declaró estimaciones regionales en “pérdidas superiores a 700 millones de dólares, y un retroceso de cinco años como país”.
Los “Comités Azul y Blanco”
La líder del movimiento campesino lamenta el costo económico, sin embargo, considera que este es “el sacrificio” a pagar para detener la masacre, evitar “el error de otra guerra”, y presionar la salida de este régimen, porque de lo contrario “cosas más difíciles vendrían para Nicaragua”.
Los sectores de la sociedad civil han empezado a promover la creación de “Comités Azul y Blanco”: células organizadas en cada barrio para proteger sus territorios de saqueos, hostigamientos y violencia, rol que le compete al Estado, pero que actualmente no cumple con ninguna de esas garantías.
La propuesta plantea la organización de comisiones que se ocupen en temas de abastecimiento, seguridad, salud, comunicación y administración del barrio. También para emplear medidas ante un paro general y organizar movimientos de desobediencia civil.
El paro ciudadano no solamente haría que la gente tome control de sus territorios “para reducir la capacidad del régimen de destruir vidas”, sino también, presionarían a Daniel Ortega a salir del poder: una vez organizada “la ciudadanía va a desconocerle toda autoridad”, señaló la abogada ambientalista Mónica López.
La desobediencia civil
Los comerciantes del Mercado Oriental han sido los primeros en adoptar la propuesta de la Academia de Ciencias de Nicaragua y la Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la desobediencia civil. Han emprendido una campaña del no pago de impuestos que pretende involucrar a los 15 mil comerciantes formales de este centro de compras y extender la protesta cívica a todo el sector comercial de micro, pequeñas y medianas empresas del país.
Julio Francisco Báez, explica la desobediencia civil como una acción de la ciudadanía, que amparada por una causa justa y legítima, tiene la opción de no acatar algunas normas, como el pago de tributos. Para él, la desobediencia civil, los tranques y las manifestaciones pacíficas son precedentes del paro general.
La operación del Gobierno depende en gran medida de los ingresos fiscales, unos cinco mil millones de córdobas de estos ingresos por mes, en su mayoría son por tributos. La crisis que afronta el Gobierno lo ha obligado a sacar sus reservas del Banco Central para asumir gastos en apenas dos semanas. Por tanto, el no pago de impuestos produciría un golpe significativo a las finanzas públicas del Estado.
Según este experto, el principal temor de las empresas y comerciantes para asumir la desobediencia tributaria, es que piensan que al finalizar esta medida, se verán obligados a pagar altos montos de multa; pero una vez que se restablezca el orden constitucional asumido por un nuevo Estado, las nuevas autoridades fiscales revisarían y determinarían con dispensa de multas y recargos, los tipos de montos y obligaciones suspendidas a raíz de la moratoria fiscal, por tanto, “la obligación de pagar los impuestos no se extingue, sino que solo se habrá pospuesto”, aclaró.
La propuesta al desacato tributario planteado, contempla la suspensión inmediata de pago de tributos a la DGI, DGA, alcaldías, el Impuesto sobre la Renta (IR) de los asalariados, a excepción de las cotizaciones de la Seguridad Social. Y esta se fundamenta en primer lugar, en el Artículo 32 de la Constitución Política que dicta que: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impida de hacer lo que ella no prohíbe”. También hay otros artículos del Código Tributario que justifican la legitimidad del no pago
Viene el paro general, ¿ahora qué?
Se mantienen activos los servicios de telefonía, internet, hospitales y centros de salud
Mientras el país se prepara para el paro general de 24 horas, la ciudadanía se pregunta: ¿Se mantendrán las comunicaciones: telefonía e Internet?
El servicio de Internet en Nicaragua es proveído por empresas privadas que, si se suman al paro, también suspenderán el Internet, sin embargo, Carlos Tünnermann descartó esa posibilidad por la necesidad de la población de estar comunicada.
“Aunque los supermercados cierran, los mercados públicos pueden parcialmente operar al mínimo nivel para satisfacer la compra de alimentos”, afirmó Néstor Avendaño. También reconoce que en el sector comercial “los precios se disparan”.
Y sobre los hospitales, Carlos Tünnermann aclaró que en un paro nacional “nunca incluye el cierre de hospitales y centros de salud”.
Recomendaciones
Almacenar, almacenar, almacenar. Lo más importante: alimentos (enlatados, granos básicos), agua y medicamentos. Aunque un paro total no tarde más de una semana, los efectos de este se prolongan, así como la escasez.
Las personas que sufren enfermedades crónicas “tienen que guardar suficiente medicina para enfermedades como diabetes, hipertensión, y cualquier otra”, sugirió Carlos Tünnermann.
Aunque no haya un paro total en el servicio de agua potable y energético, el sociólogo Cirilo Otero no descarta que hayan cortes temporales en distintos barrios y sectores del país, por tanto, aconseja tener en casa lámparas recargables y candelas.
El Estado de Nicaragua, a través del llamado a sus instituciones a trabajar, ha desconocido el paro convocado para este 14 de junio y con mensajes constantes en sus medios usando las etiquetas #NicaraguaQuierePaz #ParoNoTrabajoSi, cada cierto tiempo menciona las empresas y servicios que no se detendrán.
