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Cuatro funcionarios del círculo cercano a la pareja presidencial de Nicaragua han sido sancionados por Estados Unidos con la “Ley Global Magnitsky”, una medida catalogada por expertos como “muy fuerte” a nivel mundial, y que desde 2012, castiga las finanzas personales de las personas acusadas en escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. En la «lista negra» de los sancionados hay desde jefes militares que destruyeron aldeas completas hasta traficantes de armas de destrucción masiva.

Para el excanciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, esta ley obliga a los sancionados a vivir en una colonia como “leprosos”, en el sentido de que los aísla. “Todos los activos de ellos, y el acceso de ellos al resto del mundo se limita severamente, incluso en Nicaragua”, afirma.

Todos los bancos que integran el sistema financiero norteamericano están obligados a no ofrecer ningún tipo de servicios a los sancionados, tanto dentro como fuera del país. También las empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con ellos, ni con las instituciones a las que pertenecen y dirigen, incluso evitarían hacerlo con personas vinculadas a ellas.

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Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral, fue sancionado en diciembre de 2017, y renunció a su cargo cinco meses después de la sanción. A esa lista ahora se suma Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega, acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como responsable de violaciones de los derechos humanos, “inclusive de ejecuciones extrajudiciales”.

También culpan a Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, como dirigente de actos de violencia “cometidos por la Juventud Sandinista y por grupos armados progubernamentales”. Y a Francisco “Chico” López, exvicepresidente de Albanisa, expresidente de Petronic y tesorero del FSLN, «por aprovechar su posición en beneficio de él y su familia al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el Gobierno».

Este último renunció a sus cargos el 06 de julio, el día siguiente a la sanción, según el diario oficial La Gaceta, quien hizo pública la admisión de la renuncia por parte del presidente Daniel Ortega cuatro días después.

El comunicado de esas nuevas sanciones a estos funcionarios públicos demuestran que “el Gobierno de Estados Unidos está junto con el pueblo de Nicaragua en su lucha por la democratización” asegura Aguirre Sacasa, porque han pasado “de las exhortaciones a la acción”.

¿Cómo afecta a los sancionados?

Esta ley fue aprobada en Estados Unidos en 2012 y fue aplicada por primera vez a funcionarios rusos implicados en el crimen del abogado, contador y auditor ruso Sergéi Magnitsky. La ley impidió a los acusados entrar al país norteamericano y a utilizar su sistema bancario.

Nada diferente ocurriría con los nuevos sancionados nicaragüenses quienes de principio les serán revocadas sus visas.

Según Aguirre Sacasa, estos recibirán una notificación de los bancos nacionales donde tengan sus depósitos para que los retiren de inmediato sin que puedan transferir sus capitales al extranjero. “En el momento que un banco nicaragüense se vaya a prestar para esa acción, ese banco sería sancionado por los Estados Unidos”, explica.

También sería castigado el banco que reciba los fondos fuera de Nicaragua, por esta razón, todo el sistema financiero mundial que trabaja en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, evitaría relacionarse con el dinero de las personas sancionadas con esta ley. Sus tarjetas de crédito son revocadas.

“Si ven que entran fondos de bancos nicaragüenses que provienen de las cuentas de estas personas, ellos saben que podrían ser sancionados. El Tesoro Norteamericano podría decirle a todos los bancos que no pueden tener negocios con bancos nicaragüenses y eso sería gravísimo”, afirma el excanciller.

Aunque estas personas administren sus capitales con ayuda de testaferros, Aguirre Sacasa afirma que no sería muy difícil para los bancos nacionales identificarlos; “alguien que de repente aparece con un millón de dólares, pues no es un cualquiera”, reitera.

El efecto de la ley también alcanza a las familias de los sancionados, especialmente si estos dependen de esas finanzas, y pretenden emprender nuevos negocios.

Persecución y embargo

El excanciller también asegura que las personas sancionadas podrían ser capturadas en suelo norteamericano, incluso fuera de él, en países centroamericanos. Aunque no lo faculte la Ley Magnitsky, Estados Unidos puede ejecutar una acción paralela a esa medida en un acuerdo con otro Estado sin la necesidad de que lo aprueben en el Congreso.

“Cuando yo era canciller, yo recibía las peticiones norteamericanas a estar atento a ciertas personas. Llaman directamente a las autoridades, países que son amigos de ellos, y les dicen que están particularmente interesados en interceptar a esta persona”, cuenta Aguirre Sacasa.

Sus patrimonios en el exterior también están sujetos a ser embargados o congelados, a excepción de que estén en países como Cuba o Venezuela, porque están fuera del alcance del sistema financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El excanciller cataloga esta medida como “cien veces peor como mecanismo de presión”, incluso más que la Nica Act, por ser un fuerte mensaje y castigo individual. “La Nica Act ya no tiene ninguna validez y ninguna importancia, porque tenía como objetivo, afectar nuestra economía, y nuestra economía está en un estado avanzado de entrar en coma”, concluyó el experto.