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Fueron arrestadas después de participar en una marcha. Las acusaron de terroristas y las condenaron a seis años. Hoy viven bajo el régimen de casa por cárcel.
De rodillas en una celda preventiva de la Dirección de Auxilio Judicial, Yolanda Sánchez Moraga piensa en su hija de doce años, mientras una custodia la amenaza con cortarle las manos y con llevar a unos policías para que la violen. Ella llora de miedo y, en vano, implora que la dejen en paz.
Horas antes, Yolanda y su hermana, Ana Patricia, asistieron a la marcha bautizada “Juntos somos un volcán”. Llevaron un par de banderas y se vistieron con los colores: azul y blanco. Al terminar la marcha unas personas les ofrecieron acercarlas a su casa y ambas aceptaron. Sin embargo, cuando pasaron por el sector de la Estación V de la Policía Nacional, una patrulla le dio persecución a la camioneta en la que iban. Era el 12 de julio de 2018.
“Hay que matar a estos perros que andan molestando al Gobierno”, les decían, mientras las subían violentamente a un microbús a ambas y tres personas más. A ellas una oficial de la policía las tiró del pelo y las insultó. Minutos después le dispararon al conductor de la camioneta que les dio raid, y Yolanda recibió los restos de la bala en la pierna derecha. Por eso, la pierna le sangraba cuando estaba de rodillas siendo interrogada en El Chipote.
Las seis personas que fueron detenidas ese día fueron presentadas como delincuentes y dos meses después fueron condenados a seis y ocho años. Sin embargo, hace unas semanas salieron de prisión por un cambio en el régimen de carcelario.
“Salimos bajo la condición de convivencia familiar, ese es el nombre que ellos le pusieron, pero resulta ser casa por cárcel”, dice Ana Patricia, quien asegura que si al momento de sacarlas de la cárcel La Esperanza les hubieran explicado cuál era su nueva condición, no habría salido del penal, pues al día siguiente que las dejaron en su casa un oficial de la Policía llegó a verificar que estuvieran allí, les dijo que no podían salir a la calle y tampoco podían recibir visitas.
Aislamiento en La Esperanza
Yolanda y Ana Patricia estuvieron presas durante siete meses. Guardaron prisión junto a Nelly Roque, Irlanda Jerez, Amaya Coppens y otras reas. Y desde que fueron detenidas no les respetaron sus derechos humanos. Estaban aisladas, tenían prohibido acercarse a las demás presas. Yolanda, por ejemplo, estuvo varios meses sin que un médico le revisara las heridas de la pierna.
“No permitían que nosotras le habláramos a nadie. No nos dejaban salir a ningún lado. No nos dieron las llamadas que se les da a cualquiera de los casos comunes. Nos tenían vigiladas dentro de las celdas con una señora que trabaja con ellos, según nos dijeron las demás mujeres”, dice Ana Patricia.
Al inicio estuvieron recluidas en una celda apartada a la cual le pusieron una cinta roja que decía peligro, afirman. Tenían prohibido estar a la orilla de la ventana y estaban encerradas con doble portón y doble candado. Tiempo después a las ventanas, que al inicio eran solo de verjas, les instalaron una malla. Obstruyéndoles así la ventilación.
El trato hacia ellas no fue con la misma saña como lo fue con las presas políticas que son líderes. Ana Patricia, por ejemplo, recuerda el día que un grupo de custodias trató de llevarse a Irlanda Jerez y las reas se opusieron y fueron golpeadas.
“Nosotras no estábamos en la celda de Irlanda, pero nos unimos con gritos, diciéndoles que íbamos a denunciarlo porque se aproximaba visita, pero no les interesó y golpearon a las mujeres. A nosotras no nos pegaron, pero si nos amenazaron”, afirma.
Un día terrible
El 18 de septiembre de 2018, el juez Wilfredo Ramírez, del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, declaró culpables a las hermanas Sánchez Moraga y a tres hombres más que fueron secuestrados el día de la marcha “Juntos somos un volcán”. A ellas y a Lenin Rojas, a quien también le dieron raid ese día, los condenaron a seis años por los supuestos delitos de tenencia ilícita de materiales explosivos (morteros), asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de arma de fuego, y a Edwin Altamirano, dueño de la camioneta, y Miguel González les dieron una pena de ocho años.
Además, les aplicaron una multa de 5, 931.3 córdobas y la camioneta en que viajaban ese día les fue decomisada. Incluso, durante el proceso el juez ordenó la libertad de ellos por tratarse de delitos menos graves, pero las autoridades del sistema penitenciario nunca acataron esa orden.
“Lo único que hacíamos era levantar la bandera azul y blanco decir algunas consignas, entonar el Himno Nacional, algunas canciones de protestas, ese fue el delito”, dicen.
Las secuelas de prisión
La vida de las hermanas Sánchez Moraga cambió completamente en abril. Se unieron a las protestas porque no están de acuerdo con el actuar del régimen y participaron en todas las manifestaciones que pudieron. Yolanda quedó desempleada cuando iniciaron los despidos masivos en varias empresas que no soportaron la crisis económica que vive el país.
“Yo sentía la necesidad de ayudar de alguna manera, aunque sea gritando una consigna en una marcha. Si podía ayudar en algo lo hacía porque no estaba de acuerdo en la manera en que los estaban tratando”, dice Yolanda.
- Lee nuestro especial: #PresosPolíticos.
Ella también afirma que por las torturas psicológicas que vivió tiene problemas para conciliar el sueño. Muchas veces se obliga a dormir a las dos o tres de la madrugada. “Me duermo porque sé que tengo que tratar de descansar, pero no sé por qué por las noches me cuesta. Siento temor en la noche”, dice con la voz quebrada.
Sin embargo, confiesan que su mayor temor es que a su papá se enferme porque el asedio que viven al ser presas políticas. Pues él es “un señor enfermo de la tercera edad y tememos que esto lo afecte porque de por sí ya pasó el susto de tener a dos hijas presas».
